Cuando vemos –entre perplejos, indignados y preocupados– la situación política y social que padece nuestro país, el Perú, en picada desde 2016, solemos exclamar con un suspiro de resignación aquella socorrida frase: “¡Qué estaremos pagando!”.
La decimos como si de verdad no lo supiéramos, porque esto que nos sucede no es ni gratuito ni obra de la mala fortuna o solo de un puñado de apandillados. Necesitamos saber que es el fruto tanto de la podredumbre de una clase política abyecta y canalla, como de nuestra propia inconsistencia ciudadana.
Esto no tiene que ver solamente con lo que ocurre cada cinco años en las urnas. Ojalá fuese tan sencillo como eso: bastaría con que en abril decidiésemos aprovisionarnos de cordura para elegir al próximo mandatario, diputados y senadores, y la historia del Perú cambiaría. Pero tal como pinta el panorama, no bastaría con eso.
“Ahí está pues, eso es lo que eligieron”, se acusan mutuamente los bandos políticos que en 2021 dieron el triunfo al partido del lápiz o lanzaron la teoría conspirativa del fraude electoral. “Asume tu voto”, señalan. Pero en un país con un mínimo grado de madurez política, ninguna de las dos facciones habría llegado a segunda vuelta.
La fractura política del Perú viene de más atrás. Puse como punto de quiebre 2016, cuando Keiko Fujimori y su mayoría parlamentaria decidieron abrir el peligroso camino de las destituciones presidenciales vía vacancia por incapacidad moral permanente, pese a que esa figura bien entendida no da para tal aplicación, pero podría ir tranquilamente más atrás.
Porque esa puerta la abrió en realidad la propia oposición a la dictadura fujimorista en el año 2000. En lugar de aceptar la renuncia a la distancia del tirano –por fax o no–, y esperar los tiempos y procesos para que el Poder Judicial le echará el guante, decidió castigarlo políticamente y forzar una interpretación que ha terminado imponiéndose.
Hoy a esa puerta literalmente desquiciada se suma una nueva ventana legal: la censura del presidente en ejercicio aludiendo a su condición de parlamentario ante el vacío legal de no aclararse si es o no solo un presidente encargado.
Primero que nada, estamos pagando el precio de la indiferencia. Todavía no hemos conseguido asumir con toda la mente y el corazón la diferencia entre ser un ciudadano y ser un súbdito. Es una diferencia radical. El ciudadano se hace responsable, tiene agencia, iniciativa, consciencia, implicación. El súbdito nada más acepta y se somete. ¿Ya sabes si eres un ciudadano o un súbdito?
Segundo, el precio de creer que los políticos son una estirpe aparte. Ellos consiguen postular porque como ciudadanos hemos abandonado la participación política, y con su dinero ganan lugares en las listas electorales de cada franquicia partidaria, porque hemos permitido que sea así. Además, no salen de otro planeta: son parte de nuestros barrios, familias, trabajos. Es decir, salen de entre nosotros y eso hace temer si en las mismas circunstancias no seríamos iguales.
Tercero, el precio de aplaudir los atropellos constitucionales cuando favorecen nuestros prejuicios. Desde aquella interpretación espuria de la vacancia hasta todos los atropellos a derechos de minorías de peruanos como la población LGTBIQ+, los retrocesos en materia laboral o la negativa a reconocer el derecho de las mujeres a elegir sobre sus propios cuerpos: cada aplauso a esos atropellos es un paso más hacia el abismo, porque cuando cambian las leyes para entornillarse en el poder, ya hemos perdido capacidad de reacción.
Cuarto, el precio de la inmadurez de elegir por emoción en lugar de por conciencia. No que las emociones sean malas por sí mismas; pero si nos ciegan a la hora de elegir y nos impiden mirar las evidentes inconsistencias de los candidatos nada más porque son simpáticos o creemos hacerle daño al “adversario” político con eso, entonces, no nos quejemos de los resultados. ¿O acaso, por ejemplo, no sabíamos que Toledo era un borracho putañero, que PPK era una lobista de polendas o que Pedro Castillo no podía presidir decentemente una Apafa?
Quinto, el precio de seguir como borregos al primer caudillo que ofrece lo incumplible. Desde ofrecer un millón de empleos como Belaunde en 1980 hasta convertir Lima en potencia mundial, como hizo López Aliaga hace poco, es francamente patética la manera cómo los ciudadanos peruanos, una y otra vez, compramos ofertas electorales evidentemente imposibles de cumplir. Y después nos quejamos. Quien miente en las promesas, ya tendría que estar descalificado de inmediato.
Sexto, el precio de odiarnos unos a otros y dejarnos polarizar por las redes. Eso de llamarnos “caviares” y “terrucos” o “derecha bruta y achorada”, como si fuéramos ciudadanos de otro país y no conciudadanos, comprándonos pleitos partidarios ajenos, me hacen recordar a los millones que dicen “ganamos” cuando quienes metieron los goles fueron once seres humanos que ganan en un día lo que esos hinchas no ganan en un año. Eso de comprarse “líos de blancos” en las redes sociales nos está haciendo un daño irreparable.
Esas son algunas de las cosas que estamos pagando. Y el precio, como hemos visto con la elección primero de un acusado por violación y ahora de un abierto defensor del matrimonio de niñas, está siendo cada vez más alto.
