Proliferan en el mundo hoy toda suerte de iniciativas jurídicas cuyas características abiertamente contravienen todos los consensos que se habían logrado en el mundo acerca de los derechos humanos. Son tantas, tan reiterativas con ciertos temas –derechos de las mujeres, violencia de género, derechos lgtbiq+, migraciones, debido proceso–, despliegan tantos presupuestos y están tan sincronizadas que resultaría ingenuo pensar que obedecen a la espontaneidad o el azar.
Se podría creer con igual candor que no pasarán, porque serán rechazadas sucesivamente en las instancias locales, nacionales y regionales, en función de los acuerdos a los que los países están comprometidos. Quienes así piensan desde los palcos de la institucionalidad pública o privada no están mirando todo el panorama, y la cortedad de su alcance, cuando la realidad dé un vuelco, les pasará factura, lo mismo que a toda la sociedad.
Esta andanada antiderechos tiene un propósito muy claro: convertir en letra muerta y papel mojado toda la legislación y los fueros internacionales sobre derechos humanos. A fuerza de socavar esos instrumentos –que nacieron para garantizar que nunca más se repetirían las tragedias humanas que conocimos con horror en el siglo pasado–, los mismos poderes políticos y económicos que obraron esos crímenes, abusos y atropellos sociales, o que se beneficiaron de ellos, van inutilizando las leyes y las instancias, y está cada vez más cercano el día en que servirán de poco o nada.
Cuando menos se piense, las poblaciones civiles en los cinco continentes quedarán desprotegidas, libradas a su suerte frente a los poderes fácticos e institucionales, sin fueros ni leyes a los que recurrir, y su condición humana puesta nuevamente en tela de juicio bajo nuevas modalidades de justificación social. No es otra cosa lo que está ocurriendo con el genocidio sionista en Gaza o con las bravatas del emperador Trump en Europa, el Caribe o Irán. Además del costo en vidas humanas, derriban la ilusión de una civilización humanista con Estados de derecho que intentamos vivir después de la Segunda Guerra Mundial, la convierten en un proyecto fallido, una utopía que ya no es necesario sostener.
En el Perú, mi país de origen, eso no camina: ¡va a velocidad de crucero! En menos de dos años y medio, los retrocesos en materia de derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables se han sucedido uno tras otro de manera incontenible, sostenidos por discursos que ensalzan la misoginia, la homotransfobia, la xenofobia, la violencia y la impunidad. El penúltimo torpedo contra el Estado de derecho ha sido la ley de amnistía a las fuerzas del orden que participaron de la lucha antiterrorista y que alcanza igual a presuntos inocentes que a quienes cometieron crímenes horrendos de lesa humanidad, como los casos Accomarca, Barrios Altos y La Cantuta.
Pero el más reciente misil ha sido la elección de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Censurado por al actual Congreso cuando era ministro del Interior, sin ningún empacho ha declarado que retorna al gabinete que acompaña a Dina Boluarte con un encargo puntual y preciso: lograr que Perú se retire del pacto de San José. Es decir, que renuncie a someterse al control regulatorio de su actuación política y jurídica a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema internacional, cuya finalidad es garantizar que, como Estado, esté comprometido con garantizar esos derechos, mejorar cualquier deficiencia y asumir responsabilidades cuando no lo hace.
Disfraza el ardiente deseo por quedar con manos libres para arbitrariedades bajo el manto de la “defensa de la soberanía”, un discurso a todas luces falaz, pues no se entromete quien ha sido facultado a ello, al que suman una supuesta voluntad adversa de este fuero jurídico en función de un sesgo ideológico. Por supuesto, quienes compran y alientan ese discurso son la derecha y la extrema derecha en todas sus variantes políticas y ciudadanas. Sin embargo, la data oficial, que se puede consultar libremente si se quisiera, no les da la razón. Es más, la información fáctica desmiente y desmonta esas falacias que se difunden con tanto éxito y se asumen con tanta ligereza y entusiasmo.
La información es abundante, trataré de resumirla. Entre 1995-2025, la CIDH resolvió veintinueve casos contra el Estado peruano. ¿Eso que quiere decir? Que se trató de denuncias que habían agotado las instancias locales, solo así pueden llegar ahí. Y todas contra el Estado porque son las únicas demandas que por definición admite esta Corte. De los veintinueve casos, veintiocho fueron adversos para Perú y uno favorable. Hay algunos pendientes, que pueden llegar a ser unos doce a quince.
Los casos se relacionaron con temas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y fallos en el sistema judicial, no con la inocencia o culpabilidad de los denunciantes. De esto último viene, precisamente, la idea de que esta Corte favorece a los criminales y perjudica a la sociedad peruana o a sus defensores, porque algunos de los beneficiarios de sentencias estuvieron acusados y condenados por delitos graves como terrorismo; sin embargo, es necesario aclarar que los errores no los absolvieron de sus delitos: solo señalaron los fallos que el sistema judicial peruano cometió durante esos procesos. La Corte no actúa ni para absolver ni para establecer la culpabilidad penal de un ciudadano, no evalúa eso, sino si el Estado cumplió o no con el debido proceso y garantizó los derechos humanos.
Además, en el caso de sus sentencias, la Corte no responsabiliza a individuos, sean militares o policías, sino al Estado, porque es él quien debe garantizar los derechos. Un retiro de la CIDH implicará que cuando se desproteja a los ciudadanos, estos no tendrán ningún fuero o instancia a la que recurrir. Lo que corresponde al Estado peruano no es retirarse de la CIDH, sino reforzar su sistema judicial para que actúe conforme a ley y así se reduzca la necesidad ciudadana de acudir a ese fuero, pues el caso Cordero Bernal de 2021, favorable al Perú, demuestra que las denuncias que no tienen sustento, pueden ser ganadas sin sesgo en contra.
No se deben confundir, además, los fallos –que son de obligatorio cumplimiento, aunque en algunos casos el Estado se ha resistido– con las recomendaciones de la CIDH mediante distintos tipos de documentos, que al final tampoco se llegan a cumplir. Por ejemplo, en 2001 Perú reconoció responsabilidad en 159 casos graves de violaciones de derechos humanos, pero a 2021, veinte años después, la mayor parte de los acuerdos expresados aquella vez en recomendaciones, no llegaron a cumplirse casi ninguno. Otra cosa son las medidas cautelares, la mayoría de las cuales tienen que ver con el atropello de los derechos de los pueblos originarios a la consulta previa.
Claro, la naturaleza de las recomendaciones a ciertos sectores produce urticaria, pues está relacionada con aspectos como el uso responsable de la fuerza en las protestas o contra la expedición de amnistías. Solo una fracción mínima recomienda investigar a policías o militares. Es decir, se dirige no a proteger a delincuentes o presuntos delincuentes –como difunden los irresponsables apologistas de la impunidad estatal–, sino a garantizar que el Estado actúe en el marco de la ley. ¿Dónde falla la lógica ahí? ¿No es esa una responsabilidad estatal, o el Estado necesita carta blanca para cumplir con sus funciones?
Pero hay un aspecto adicional en esta campaña para retirar al Perú de la CIDH, y es que en los últimos años la Comisión y la Corte han abordado crecientes casos relacionados con personas LGTBIQ+, en violaciones como discriminación por orientación sexual o identidad de género, violencia por prejuicio (incluidos crímenes de odio), falta de acceso a la justicia, y violaciones al debido proceso, que han derivado en sentencias –como la de Azul Rojas Marin, mujer trans a la que diversas instancias estatales sometieron a los más crueles procedimientos, sin que nadie la escuchase después– y recomendaciones históricas para la protección de estas personas, toda vez que, según el INEI, el 63 por ciento de la comunidad LGTBIQ peruana ha sufrido discriminación o violencia, y más del 40 por ciento de las agresiones fueron perpetradas por agentes estatales (policías, funcionarios públicos, etcétera). ¿Seguirán con el discurso de que la CIDH defiende delincuentes o atropella la soberanía? ¿Soberanía para, impunemente, abusar de y maltratar a poblaciones vulnerables?
En el marco de la campaña para retroceder en materia de derechos de las mujeres y de las poblaciones como la LGTBIQ+, es evidente que el Estado peruano, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, buscan tener manos libres. Saben que este fuero internacional es lo único que evita que ellos sigan legislando para desmontar el sistema de lucha contra la violencia, el abuso y la discriminación basados en el género o en la identidad diversa. Esa es la verdadera agenda, y por eso se le ha llamado a la ley de amnistía la Ley de Impunidad y al retiro de la CIDH el retorno a la barbarie.
