Si no fuera tan grave lo que está sucediendo en materia de seguridad ciudadana en Perú, con una ola de crímenes salvajes a toda hora cada día, podríamos reírnos largamente, ad infinitum, de los disparates que se prodigan los representantes, voceros, militantes y hueleguisos, de uno y otro bando político, en el Congreso, las redes sociales y los medios de comunicación. Pero la tragicomedia peruana ha dejado de serlo hace un buen rato para transformarse en un drama siniestro que no tiene visos de solución, y que asfixia a los ciudadanos de esas comarcas.
Para unos, la eterna solución de toda crisis es la renuncia del ministro del sector o el gabinete, seguramente colocado en ese puesto por su filiación fujimorista, de Renovación “medieval” o de ese cajón de sastre llamado APP. Para otros, se trata solo de una campaña caviar por recuperar territorios perdidos en el Ministerio del Interior, y lo mismo toda demostración de hartazgo contra la evidente ineficacia del titular de ese sector, es también caviar.
Entretanto, por enésima vez, el gobierno de Dina Boluarte no encuentra, o no quiere encontrar, otra solución que declarar el estado de emergencia y sacar al Ejército a las calles, como si eso hubiese tenido alguna vez siquiera un mínimo impacto o poder disuasivo contra el crimen organizado, que asola los sectores más vulnerables de la ciudad y del país. Por supuesto, frente a los recientes asesinatos, principalmente del líder vocal de la agrupación Armonía 10, se han multiplicado los comunicados fúnebres desde todas las tiendas partidarias, todos deploran, todos se conduelen, todos condenan.
Así los últimos diez años cuanto menos, en una escalada que ha ido ascendiendo sostenidamente sin que, en verdad, nadie haga absolutamente nada por enfrentarla y conjurarla. De un lado, impidiendo dogmáticamente cualquier intento por endurecer las medidas en el nivel fiscal y judicial, que ha sido el cuello de botella en la lucha contra la delincuencia organizada. Del otro lado, convirtiendo cada crimen en una oportunidad política para tratar de instalar proyectos autoritarios y autocráticos, reñidos con los derechos humanos.
En realidad, poca o ninguna autoridad política en el país con algún grado de influencia o responsabilidad en materia de seguridad ciudadana, de la Presidencia hasta el último municipio distrital, ha demostrado con hechos estar dispuesta a deponer su juego político y sus intereses en aras de generar un pacto contra el crimen que dé alguna calma a los ciudadanos. Por el contrario, es notorio que ven en esta tragedia del pueblo peruano una oportunidad para posicionarse u obtener algún beneficio particular.
Es cierto: la criminalidad, organizada o común, no se resuelve diluyendo la responsabilidad entre toda la sociedad, con buenismos e interpretaciones sociológicas de poco valor práctico para el “aquí y ahora”, como propugnan ciertos sectores garantistas, más preocupados en condicionar la resolución de un problema tan urgente con cambios estructurales a largo plazo que de atender la crisis incontenible. Pero es también cierto que la “mano dura” y la estrategia militar pura y dura tampoco es garantía de solución, y el precio que demanda en términos sociales y humanos es demasiado alto, como ya se demostró en su momento cuando tuvimos que enfrentar al terrorismo, porque es demasiado fácil convertir la lucha contra el crimen en una herramienta de control político antidemocrático y de más corrupción.
Además, todos los bandos políticos de la escena peruana han demostrado que no dan la talla para afrontar el difícil momento que atraviesa el país. Las implicaciones en el Gobierno central, los gobiernos regionales, provinciales, distritales y el Parlamento con la corrupción, con sectores como la minería ilegal, el tráfico de terrenos y otros negocios turbios, con agendas políticas internacionales antiderechos y proyectos de impunidad, así como con lobbys corporativos y empresariales, son tan descaradas y groseras en todos los niveles de la administración y representación pública, que es imposible confiar en nadie para superar el estado de sitio en que se encuentra el país frente a la criminalidad organizada, los bandas que asolan el país impunemente.
Y es que la impunidad genera impunidad. Ante ello, la única salida es la reacción y organización ciudadana. Los peruanos no podemos seguir esperando eternamente que la solución venga de sectores que están en profunda y tal vez inevitable descomposición, podridos. Y este llamado no es una perorata más o menos ilusoria y lírica. Explicaré por qué.
En su cuenta de Tik Tok, la analista Vero Teigeiro comentó hace poco el estudio realizado por Erica Chenoweth y María J. Stephan, Why Civil Resistance Works, The Strategic Logic of Non Violent Conflict. La primera autora era una escéptica de los movimientos de resistencia pacífica y la segunda la retó a demostrar su ineficacia. Fue enorme su sorpresa al comprobar que, frente a las resistencias armadas, las no violentas tenían el doble de posibilidades de éxito: a lo largo de la historia, las primeras solo habían triunfado en el 26 por ciento de casos, frente al 53 por ciento de las segundas, las pacíficas; tendencia que ha crecido desde los años 1950 a una tasa de éxito de casi el 70 por ciento, mientras las violentas bajaron al 12 por ciento.
Parece raro, loco o ingenuo, señala Vero, pero en realidad, la explicación es simple: cuestión de números. Los movimientos armados son ampliamente excluyentes, y aunque tengan simpatías iniciales, las tácticas violentas alejan a la población. Además, tienen todas las de perder frente a los aparatos represivos del Estado, como ya se ha visto incluso en el Perú.
En cambio, cuando la movilización ciudadana es pacífica, la convocatoria es mucho más amplia y heterogénea, con personas de todo tipo: desde amas de casa y trabajadoras del hogar hasta ancianos, niños y personas con discapacidad, etcétera. Además, permite formas de protesta mucho más adaptables para cada realidad y más difíciles de reprimir, pues la probabilidad de represión se reduce a la mitad. Con una mayor cantidad de gente involucrada que no apela a la violencia sino a la creatividad y compromiso, hasta a los regímenes más poderosos les cuesta muchísimo sobrevivir: con apenas el 3,5 por ciento de la población involucrada activamente de manera pacífica, se ha demostrado que ningún gobierno tirano o corrupto ha sobrevivido.
Lo importante es que la forma pacífica de resistencia trae también mejores resultados que la forma violenta. En el 57 por ciento de los casos derivaron en democracias y en condiciones mejores de vida, con menores costos y una mejor transición, estabilidad y fortalecimiento de las instituciones, frente a solo el 6 por ciento de los movimientos violentos, que por lo general (54 por ciento), terminaron en dictaduras con altos costos humanos y económicos.
La mejor forma, pues, de vencer esta tiranía de la impunidad, cinismo político y corrupción que vive el Perú, que ha derivado en la profunda crisis de seguridad que nos está matando, es desarrollar un movimiento ciudadano pacífico y estratégico que ponga en jaque a los poderes fácticos para cambios reales, democráticos y duraderos. No hay otro camino.
