Hace un año, se registraron casos de desabastecimiento del tratamiento de primera línea para las personas con VIH. Cientos de usuarios de ESSALUD denunciaron la situación ante organizaciones como SUSALUD y GIVAR, reportando que no recibían sus medicamentos. La respuesta que recibían era desoladora: «No hay, y no sabemos cuándo llegará. Solo tienen que esperar». Estas palabras, además de reflejar la falta de empatía del personal de salud, proyectaban una actitud que parecía culpar a los pacientes, como si, por haber adquirido el virus, debieran resignarse a la ausencia de tratamiento y buscar alternativas inciertas.
Esta situación llevó a muchos a enfrentar un sistema de salud que dejaba pocas opciones. Los oasis de esperanza parecían inaccesibles, reemplazados por una selva de incertidumbre. Posteriormente, el Ministerio de Salud (MINSA) se sumó al caos, arrastrando consigo a todos los usuarios del programa TARGA, diseñado para proporcionar tratamiento gratuito a las personas con VIH. Los hospitales y postas continuaban recibiendo nuevos casos, pero no ofrecían respuestas claras sobre la disponibilidad del tratamiento.
En octubre de 2024, tras numerosas quejas y reclamos, se obtuvo una respuesta protocolar por parte de las autoridades. Sin embargo, esta no resolvía el problema ni garantizaba la vigilancia adecuada para la adquisición de los medicamentos obligatorios. Este tratamiento, compuesto por dolutegravir, lamivudina y tenofovir (TLD), ha sido reconocido como el más avanzado y efectivo por el MINSA en los últimos años. A pesar de ello, un comunicado interno circuló entre las principales DIRIS, indicando un cambio no consensuado al tratamiento de primera línea, reemplazándolo por abacavir, lamivudina y tenofovir. Este cambio, realizado sin consulta previa con infectólogos ni pruebas esenciales como CD4 y carga viral (CV), generó rechazo en la comunidad médica.
La falta de reactivos para estas pruebas clave imposibilitaba determinar si el cambio de tratamiento era adecuado para cada paciente. Mensajes de infectólogos, enviados por WhatsApp y correo electrónico, mostraron su descontento con la decisión unilateral del director de la DIRIS Centro.
Al finalizar 2024, el panorama seguía siendo sombrío: el tratamiento nunca llegó. Los comunicados oficiales del MINSA contrastaban con la realidad vivida en los centros de salud, donde las prometidas compras trimestrales no se cumplieron. ONGs como Vía Libre, con más de 30 años de experiencia en el tratamiento del VIH, anunciaron que, debido al desabastecimiento, entregarían los medicamentos de manera fraccionada.
La crisis no se limitó a Lima; también se reportaron desabastecimientos en regiones como Piura, Loreto y Puno, entre otras. Lo más alarmante es que el Estado no parece dar prioridad a la compra de estos tratamientos. Los pacientes continúan siendo los olvidados de la sociedad, y persiste el estigma de que son responsables de su condición, a pesar de que existe una ley que garantiza la adquisición y entrega gratuita de los medicamentos.
En contraste con esta realidad, el MINSA lanzó una campaña por el Día de la Lucha contra el VIH/SIDA bajo el lema: “Más empatía, menos prejuicio”. No obstante, estas palabras resultaron irónicas ante la falta de empía y las barreras impuestas para erradicar los estigmas y prejuicios.
¿Qué nos espera en 2025? Aunque no podemos predecir el futuro, la confianza en el compromiso del MINSA ha desaparecido. Solo queda seguir reportando la situación y buscar alternativas para acceder al tratamiento.
Ante la pregunta de si es posible comprar el tratamiento, la respuesta es compleja. Aunque la ley prohíbe la venta de estos medicamentos, algunos usuarios han recurrido a plataformas como Marketplace, donde un frasco para un mes puede superar los 200 soles. Esta situación refleja la desesperación y la negligencia en el manejo de una crisis que afecta la vida de miles de personas.
