Pese a las denuncias y evidencias en su contra, la parlamentaria Rosío Torres (Alianza para el Progreso) fue librada de una sanción de 120 días sin goce de haber y solo recibirá una amonestación pública y una multa económica equivalente a 30 días de trabajo (S/ 15 600).
Como se sabe, hace tres meses la congresista en referencia fue acusada de exigir una parte del sueldo de sus trabajadores de despacho.
Según Punto Final, en su edición del 2 de abril, Cecilia Salazar Mattos, ex asesora de la parlamentaria desde julio de 2021 hasta agosto del año pasado, hizo en total una transferencia de S/ 24 562 a las cuentas de Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la congresista de APP.
En esa línea, Abigail García Díaz, quien se desempeñó como auxiliar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante la administración de la legisladora, también realizó una transferencia de S/ 2 000.
A ellos se suman César Macedo Von Bancels, asistente del despacho de Torres Salinas, quien transfiere S/ 1 000 mensuales a Pérez Guerra; y Estefanía Calvo Zúñiga, quien registra un depósito por S/ 2 000.
Otra trabajadora de la congresista, cuyo nombre está en reserva, le entregó al programa un comprobante de la transferencia que hizo a la cuenta de Juan Daniel Pérez Guerra por S/ 6 850. Además, reveló que la parlamentaria y su sobrino obligaban a que la “colaboración” sea de hasta un tercio del salario del trabajador, y que el monto se duplica en meses en los que el Congreso les paga gratificaciones y bono de escolaridad.
Del mismo modo, se reveló que el sobrino de legisladora retiró los depósitos entregados por los empleados de la parlamentaria muy cerca a sus domicilios que tiene en Lima.
El caso en mención le valió apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía por el presunto delito de concusión, por incurrir en el artículo 382 del Código Penal. Asimismo, la disposición fiscal también recae en su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, como presunto cómplice del referido delito.
Por lo mencionado y por lo expuesto hace unos días por su ex trabajadora, Nathaly Rubio, se suponía que la congresista iba a ser sancionada, pero siguiendo los mismos antecedentes de Magaly Ruiz y Heidy Juárez, Rosío Torres también fue ‘blindada’.
Su colega de bancada, Cheryl Trigoso, planteó una cuestión previa a fin de que el caso en mención se resuelva en una multa económica más una amonestación pública y no una suspensión de 120 días. Así como no enviar el informe final a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La solicitud fue aprobada con ocho votos a favor, tres en contra y una abstención. Sufragaron a favor del ‘blindaje’: Cheryl Trigoso y Nelcy Heidinger (APP), Luis Aragón (Acción Popular), Waldemar Cerrón, María Agüero y Flavio Cruz (Perú Libre), Javier Padilla (Renovación Popular) y Elías Varas (Perú Bicentenario).
Se abstuvieron por su parte, Kelly Portalatino (Perú Libre) y Óscar Zea (Bloque Magisterial) y en contra votaron, Karol Paredes (Acción Popular), Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) y Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular).
