Como parte de las investigaciones que viene llevando a cabo la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y otros acusados por la muerte de 77 ciudadanos, esta institución solicitó la revelación de información a las entidades castrenses sobre su accionar durante las movilizaciones realizadas entre diciembre del 2022 y enero del presente año.
En ese sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú deberán entregar todos los informes de los operativos realizados, los cuales son considerados como “clasificados”, al juez de la causa, si es que es aceptado el requerimiento por el Poder Judicial.
Cabe señalar que, el caso incluye también al actual jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y al ministro de Defensa, Jorge Chávez. De igual forma, se investigan a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente de la PCM, y al extitular del sector Interior, César Cervantes.
La Fiscalía investiga a la mandataria y los personajes mencionados por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, esto por los decesos ocurridos en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La última vez que la jefa de Estado compareció ante el despacho de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, fue el pasado 06 de junio.
El interrogatorio duró más de tres horas en la sede central del Ministerio Público a casi tres meses de la primera citación por los hechos mencionados.
