Los propietarios de inmuebles tendrán un cambio importante a partir de 2026: ya no estarán obligados a pagar impuestos por alquileres que sus inquilinos no cumplan en abonar. Con la nueva disposición, la carga tributaria se calculará únicamente sobre los ingresos efectivamente cobrados, lo que significa un alivio directo para quienes arriendan viviendas, oficinas o locales comerciales.
Este ajuste permitirá a muchos arrendadores mantener un negocio más rentable y predecible, especialmente en contextos de morosidad. Sin embargo, también trae consigo la necesidad de mayor orden financiero: será clave respaldar los ingresos percibidos con comprobantes, transferencias o depósitos bancarios que acrediten los pagos.
Para aprovechar este beneficio, los expertos recomiendan formalizar contratos con cláusulas claras y bancarizar los pagos, lo que no solo brinda seguridad jurídica sino que facilita la gestión del negocio. De esta manera, el arrendamiento se vuelve una alternativa más atractiva para invertir, con menos riesgos tributarios y mayor estabilidad.
La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026, ofreciendo tiempo a los arrendadores para organizar sus contratos y adoptar mejores prácticas en la administración de sus propiedades.
