La Defensoría del Pueblo instó a los gobiernos regionales y locales a priorizar la ejecución del gasto destinado a la reducción de riesgos, mitigación y preparación ante la proximidad del periodo de lluvias intensas, inundaciones, huaicos y el Fenómeno “El Niño” (FEN), con la finalidad de disminuir la alta vulnerabilidad de la población, sus medios de vida y demás infraestructuras públicas y privadas expuestas ante estos eventos naturales.
Como se recuerda, los tres niveles de gobierno asignaron, a través del Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, recursos para una adecuada respuesta y rehabilitación que asciende a S/ 3 832 487.967, de los cuales el 50 % corresponde al Gobierno nacional; el 27 % a los gobiernos locales y el 23 % a los gobiernos regionales.
No obstante, al 8 de septiembre de este año, solo ocho gobiernos regionales asignaron recursos para el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física, lo que asciende a S/ 9 873 957, con una ejecución de gasto del 10 %. En tanto, a nivel local, solo el 13 % (251) de las municipalidades asignaron S/ 30 850 232 para dicha actividad, de las cuales 62 municipalidades no registran ejecución de gasto.
Por otro lado, la totalidad de gobiernos regionales asignaron S/ 38 242 306 para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria categorizados en abrigo, techo, alimentos, enseres, herramientas y otros, para atender las necesidades de la población ante situaciones de emergencias y desastres. Mientras que, solo el 34 % (641) de las municipalidades asignaron recursos para dicho fin, de las cuales el 22 % (138) no registran ejecución de gasto, lo cual pondría en riesgo una oportuna atención de las personas afectadas por la ocurrencia de lluvias intensas, FEN, déficit hídrico, entre otros eventos.
“Ante los escenarios de riesgo determinados y anunciados por Cenepred, Senamhi y Enfen, es de vital importancia la adopción de acciones para la reducción de riesgos y preparación, a fin de reducir el riesgo de inundación y los efectos erosivos de las crecidas de los ríos y quebradas, evitando los daños que podría ocasionar en la población y sus medios de vida tanto de las zonas urbanas y rurales”, precisó la adjunta para la Administración Estatal, Eugenia Fernán-Zegarra.
En esa línea, la representante de la Defensoría del Pueblo recuerda a las entidades de los tres niveles de gobierno su obligación legal de proteger la vida e integridad física de las personas, así como su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir, en atención del principio protector establecido en la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).
La institución informó que continuará supervisando la gestión de fondos públicos contribuyendo a lograr resultados con eficiencia y eficacia y el desarrollo de las intervenciones destinadas a la reducción de riesgos, mitigación y preparación, para una adecuada respuesta ante el probable impacto de las próximas lluvias intensas, inundaciones, huaicos y FEN, en defensa y protección de los derechos fundamentales.
