La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta tarde un informe de calificación que desestimó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por aspectos vinculados a su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La mandataria había sido denunciada debido a que presuntamente habría incurrido en una infracción de los artículos 2, 40 y 126 de la Constitución, además de los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. La denuncia fue presentada por la ciudadana Mónica Yaya y asumida por el legislador Juan Burgos (Podemos Perú).
La controversia surgió porque Boluarte ejerció la vicepresidencia de la República y el cargo de ministra sin haber renunciado a sus funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde se desempeñaba como jefa encargada de la Oficina Registral de Surco. Sin embargo, el informe elaborado al respecto recomendó declarar improcedente la denuncia constitucional. Esta posición fue respaldada con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se señaló que la denuncia no cumplía con el criterio de que los hechos señalados representen delitos de función e infracción constitucional, pues no se vulneró el principio constitucional de igualdad ni el de no discriminación.
El informe detalló que el 27 de julio de 2021, un día antes de jurar en el cargo de vicepresidenta, Dina Boluarte solicitó licencia laboral sin goce de haber en el Reniec.
La denuncia también acusaba a la mandataria de omitir en su declaración jurada mencionar a sus parientes, permitiendo así que su cuñado René Zegarra contratase con el Estado, lo que fue considerado como un presunto delito de negociación incompatible. Además, se le imputaba el delito de tráfico de influencias por supuestamente haber ejercido influencia en el gobierno regional de Cusco para que este contratara directamente a una empresa de propiedad de sus sobrinos.
Respecto a estos dos últimos cargos, el informe de la Subcomisión indicó que no hay indicios que muestren algún interés de la mandataria para que se realizaran las contrataciones mencionadas.
El congresista José Cueto comentó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuenta con un equipo técnico que determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para proceder con la denuncia contra Boluarte. “Las denuncias constitucionales llegan acá y hay un equipo técnico ahí que ustedes han visto. Hay un grupo de abogados, ellos hacen la evaluación jurídica de la denuncia y ven que hay que considerar una serie de argumentos que sí se cumple o no se cumplen, lo que hemos escuchado es que no se cumplen los requisitos”, sostuvo.
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