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PNP advierte posible fuga o pedido de asilo de Martín Vizcarra

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Un documento reservado de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha encendido las alarmas en el ámbito político y judicial. Según el reporte, al que RPP Noticias accedió en exclusiva, Martín Vizcarra —expresidente de la República— estaría evaluando dos posibles vías para eludir la justicia: fugarse del país o solicitar asilo político.

¿Vizcarra busca asilo en Bolivia?

El documento, emitido por el Comando de Operaciones de la PNP, revela que el pasado 7 de mayo se realizó una reunión entre altos mandos policiales y el fiscal supraprovincial especializado en delitos de corrupción, Germán Juárez Atoche. En dicha cita se discutió información que indicaría que Vizcarra, mediante personas de confianza, habría entablado contacto con la embajada de Bolivia en Perú para gestionar un asilo político, alegando persecución política.

El oficio señala además que Vizcarra mantiene una relación cercana con el embajador de Bolivia y, por extensión, con el presidente boliviano Luis Arce Catacora. También se menciona a Brasil como un posible país de destino.

Dos escenarios bajo análisis

El documento detalla dos hipótesis de escape que están siendo evaluadas por las autoridades:

Fuga del país por rutas no controladas:

Vizcarra podría abandonar el país por pasos fronterizos, aeródromos o puertos fluviales, evadiendo el control migratorio. Los destinos más probables, según el informe, serían Bolivia o Brasil, aprovechando vínculos políticos y diplomáticos.

Solicitud de asilo político:

En un contexto judicial adverso, el exmandatario podría solicitar asilo político bajo el argumento de ser víctima de una persecución judicial motivada por intereses políticos. Esta alternativa también contempla Bolivia y Brasil como potenciales refugios.

Vizcarra y la orden de impedimento de salida

Desde el 17 de febrero de 2024, Martín Vizcarra tiene una orden de impedimento de salida del país, extendida por seis meses por el Poder Judicial. Esta medida forma parte de la investigación penal que afronta por presuntos actos de corrupción durante su gestión como presidente regional de Moquegua. Su restricción migratoria se mantiene vigente hasta el 4 de julio de 2025.

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El Heraldo del Perú
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