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Pleno del Congreso aprueba tres acusaciones constitucionales contra Luciana León

El expediente será derivado a la Fiscalía de la Nación a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

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Archivo: Congreso

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El Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa, que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la excongresista Luciana León Romero, en el extremo de los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.

La exparlamentaria aprista fue denunciada por la ex fiscal de la nación, Zoraida Avalos, por el caso ‘Los Intocables ediles de la Municipalidad de La Victoria’.

Según la teoría fiscal, a León Romero se le acusa de haber gestionado ante funcionarios públicos el financiamiento de obras para el distrito de La Victoria entre marzo de 2017 y mayo 2018, más precisamente durante la gestión del entonces alcalde victoriano Elías Cuba.

Asimismo, por presuntamente favorecer a empresas vinculadas a Alexander Peña Quispe, presunto cabecilla y financista de la referida organización delictiva.

Además, de contratar “trabajadores fantasmas” en su despacho. Dicho sueldo iba presuntamente dirigido a la entonces legisladora.

Quien sustentó cada una de las imputaciones fue la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), quien a su vez aseveró que existen “elementos de convicción suficientes” contra la acusada ex parlamentaria del APRA.

Por su parte, la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), sustentó el informe final denuncia constitucional.

Cabe recordar que, la Comisión Permanente había aprobado el 24 de marzo último, acusar constitucionalmente a León Romero por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. No obstante, la acusación por la presunta comisión del delito de organización criminal fue archivada.

Sobre esto último, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) solicitó en la sesión de hoy una cuestión previa a fin de incorporar el presunto delito de organización criminal en el informe final. Dicha solicitud no fue aceptada por el presidente de este poder del Estado, José Williams Zapata.

Por su parte, la exlegisladora en cuestión señaló que el proceso “corresponde a una vergüenza política”, rechazando todas las acusaciones en su contra.

Tras el debate de las partes involucradas, llegó el momento de votar las acusaciones.

Por la acusación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, la Representación Nacional respaldó la imputación con 73 votos a favor, del mismo modo hubo tres votos en contra y tres abstenciones.

En referencia a la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, el resultado de la votación fue 74 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones; y por peculado doloso por apropiación, fue 75 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Finalmente, en aplicación a lo dispuesto por el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.

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