El Poder Judicial ratificó la inhabilitación política del exgobernador regional del Callao, Álex Kouri Bumachar, quien no podrá postular a ningún cargo público ni participar en las Elecciones Generales 2026 mientras no cumpla con el pago de S/ 26 millones de reparación civil al Estado.
El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, presidido por el juez Juan Fidel Torres Tasso, declaró improcedente la medida cautelar presentada por la defensa del exfuncionario, a cargo del abogado Humberto Enrique Pejovés Macedo, que buscaba dejar sin efecto la sanción vigente.
Poder Judicial mantiene su decisión
Según la resolución judicial, Kouri había solicitado anular los actos procesales emitidos desde agosto de 2021, pedir su rehabilitación automática sin pago previo de la reparación civil y ser retirado del Registro de Reparaciones Civiles (REDEREC).
Sin embargo, el tribunal precisó que el cumplimiento del pago es un requisito indispensable para recuperar sus derechos políticos.
El fallo fue contundente:
“Se declara improcedente la solicitud de medida cautelar interpuesta por el demandante Humberto Enrique Pejovés Macedo, abogado de Alexander Martín Kouri Bumachar, devolviéndose los anexos y archivándose los autos”.
Antecedentes del caso Convial
Álex Kouri fue sentenciado en 2016 por el delito de colusión desleal en agravio del Estado, en el marco del caso Convial, que involucró la concesión irregular de la Vía Expresa del Callao durante su gestión como alcalde provincial.
La Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima le impuso cinco años de prisión efectiva, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/ 26 millones por reparación civil.
Kouri cumplió su condena en junio de 2021, tras permanecer recluido en el penal Ancón II, pero no ha cancelado la deuda con el Estado, motivo por el cual continúa inhabilitado políticamente.
Sin posibilidad de postular en 2026
Con esta decisión, el Poder Judicial descarta cualquier posibilidad de que Kouri participe en las Elecciones Generales 2026, reafirmando que el pago total de la reparación civil es condición obligatoria para recuperar sus derechos de participación política.
