Petroperú sufre rebaja en su calificación crediticia y sindicato STAPP cuestiona gestión de activos
La clasificadora internacional Moody’s Ratings redujo la calificación crediticia de Petroperú a la nota “Caa1” (equivalente a “CCC+”) desde “B3”, modificando su perspectiva a negativa al cierre de enero de 2026. Esta degradación financiera responde al impacto crediticio desfavorable de las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Según el informe técnico, las medidas que sugieren la segmentación o transferencia de activos mediante estructuras vinculadas a ProInversión incrementan la incertidumbre operativa de la petrolera estatal.
La situación financiera de la organización se mantiene crítica debido a una liquidez persistentemente débil y una caja limitada que reportaba apenas US$ 33.9 millones al término de septiembre de 2025. Aparte de este limitado flujo de efectivo, la empresa enfrenta obligaciones de corto plazo cercanas a los US$ 400 millones anuales solo en intereses. La deuda ajustada de la entidad alcanzó aproximadamente los US$ 6.3 mil millones en el tercer trimestre del año pasado.
¿Por qué el STAPP rechaza el Decreto de Urgencia N.° 010-2025?
El sindicato de trabajadores administrativos (STAPP) sostiene que lo señalado por la agencia internacional confirma que la privatización por partes no resuelve el problema estructural de la compañía. Para el gremio laboral, el «troceo» de activos estratégicos agrava la sostenibilidad y debilita la seguridad energética del país. «El DU no contribuye a la solución; por el contrario, ha profundizado la crisis y deteriorado aún más la situación de Petroperú«, afirma José Luis Saavedra Távara, secretario general del sindicato.
¿Qué riesgos operativos advierte Moody’s para la Refinería Talara?
La clasificadora advierte que la potencial transferencia de activos relacionados con la infraestructura de Talara podría debilitar la base patrimonial de la empresa. Esta acción elevaría los riesgos de ejecución y gobernanza, afectando las protecciones necesarias para los acreedores actuales. Tanto el perfil operativo como financiero de la firma estatal se encuentran bajo observación debido a la premura por impulsar instrumentos comerciales coordinados con ProInversión.
¿Cuál es la postura del sindicato ante el Poder Ejecutivo?
Los representantes gremiales exigen que el Gobierno priorice una salida técnica e integral que recupere la liquidez sin recurrir al desmembramiento de la institución. Pedro Castro Balmaceda, secretario de Defensa del STAPP, señala que la narrativa oficial sobre un acercamiento de inversionistas interesados en refinanciar la deuda no se ha materializado. En este contexto de pérdida de confianza del mercado, el sindicato ha solicitado formalmente el cambio de los ministros de Energía y Minas, Economía y Finanzas, y del presidente del Consejo de Ministros.
La descalificación de Moody’s incrementa la presión sobre las fuentes de financiamiento, encareciendo el acceso a capitales externos en un momento de vulnerabilidad. La continuidad operativa de Petroperú dependerá de la capacidad de las autoridades para fortalecer la gobernanza y asegurar medidas que eviten una mayor degradación de la nota crediticia en 2026.
