Los gobiernos de once países de América Latina y el Caribe, incluidos Argentina, Chile, Perú, y Estados Unidos, condenaron enérgicamente la validación de los resultados electorales en Venezuela y exigieron una auditoría independiente que garantice la autenticidad de la voluntad popular. La declaración conjunta sigue a la polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ratificó los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En su pronunciamiento, las naciones firmantes expresaron su rechazo a la sentencia del TSJ, afirmando que los resultados carecen de sustento y credibilidad. Los gobiernos criticaron la falta de acceso de los representantes de la oposición al conteo oficial, la ausencia de publicación de las actas y la negativa del CNE a permitir una auditoría imparcial, lo que ha generado serias dudas sobre la transparencia del proceso.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela también cuestionó la independencia e imparcialidad tanto del CNE como del TSJ, lo que refuerza las preocupaciones sobre la legitimidad de los resultados electorales. Este organismo subrayó que la falta de transparencia es un obstáculo para la democracia en el país.
Los once países insistieron en que solo una auditoría independiente y exhaustiva de los votos, que incluya la revisión de todas las actas, puede asegurar el respeto a la voluntad popular en Venezuela. Además, manifestaron su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos que, de manera pacífica, han exigido respeto por su voto y el restablecimiento de la democracia.
