En plena cuenta regresiva hacia las elecciones del 2026, el Congreso de la República y el Ejecutivo de Dina Boluarte impulsan iniciativas que, en apariencia, buscan mejorar la descentralización fiscal o garantizar la representación política. Pero detrás de estas reformas hay una estrategia bien calculada para beneficiar a los partidos con poder territorial y bancadas congresales, vulnerando el principio de neutralidad electoral. El Estado vuelve a convertirse en maquinaria de campaña.
El IGV como herramienta política
La propuesta de redistribución del Impuesto General a las Ventas (IGV) ha sido presentada como una medida orientada a fortalecer la descentralización fiscal y dotar de mayores recursos a las municipalidades. El cambio consiste en reducir del 16% al 14% el porcentaje del IGV destinado al gobierno central y aumentar del 2% al 4% lo asignado al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).
Sobre el papel, suena justo. Pero en la práctica, esta modificación es una maniobra electoral encubierta.
Al aumentar el presupuesto de más de 1,800 municipalidades, justo antes del arranque formal de la campaña 2026, se está entregando a los alcaldes (muchos de ellos vinculados a partidos con representación congresal) la posibilidad de ejecutar obras con recursos públicos frescos, lo que equivale a una campaña disfrazada de gestión. Es el uso político del presupuesto bajo la fachada de “descentralización”.
Los partidos que controlan municipalidades y regiones salen directamente beneficiados. La medida, además, no exige neutralidad, ni mecanismos reales de fiscalización comunicacional. Así, las obras financiadas con el nuevo FONCOMUN se convertirán —inevitablemente— en plataformas de campaña para las reelecciones de alcaldes, gobernadores y candidaturas parlamentarias afines.
¿Campaña desde el Congreso?
Como si esto no fuera suficiente, la otra pieza del rompecabezas aparece con el proyecto de ley que permitiría a los congresistas hacer campaña política durante la semana de representación. Sí, en el mismo espacio y tiempo que deberían estar escuchando y resolviendo las necesidades de sus representados, los parlamentarios podrían ahora organizar mítines, participar en actos proselitistas y promover candidaturas, todo con viáticos y logística financiados por el Estado.
Esto rompe de forma flagrante el principio de neutralidad política que ha regido en los últimos 20 años. Un principio diseñado precisamente para evitar el uso de recursos públicos en beneficio de intereses electorales particulares. Con esta norma, se normalizaría el proselitismo partidario bajo la cobertura de una función parlamentaria, distorsionando la competencia electoral y otorgando ventaja desleal a quienes hoy ocupan una curul.
Rompiendo el equilibrio electoral
Ambas medidas, tomadas de forma conjunta, dibujan una jugada política que favorece directamente a los partidos con presencia en el Congreso y poder territorial (alcaldías y gobiernos regionales). Son partidos que tendrán más recursos, más visibilidad y ahora también más “legalidad” para hacer campaña.
Esta estrategia vulnera la equidad del proceso electoral. Deja en desventaja a las agrupaciones emergentes, a los candidatos independientes y a cualquier fuerza política sin acceso al aparato estatal. Se establece, en los hechos, un desequilibrio estructural que transforma el proceso electoral en una carrera inclinada, con ganadores predecibles y democracia debilitada.
Neutralidad en riesgo, democracia en juego
La neutralidad política en época electoral no es una formalidad. Es un principio constitucional. Un candado para evitar que el Estado —con todos sus recursos, su logística y su visibilidad— sea secuestrado para favorecer intereses partidarios.
Romper este principio, bajo el pretexto de “fortalecer la representación” o “acercar recursos al ciudadano”, es una trampa peligrosa. Perpetúa las prácticas clientelistas, blinda a los que están en el poder y convierte al Estado en un operador político más.
Conclusión: cuando legislar es hacer campaña
El Congreso y el Ejecutivo están construyendo un escenario ideal para que sus aliados territoriales y congresales hagan campaña con recursos públicos, disfrazando de gestión lo que en realidad es proselitismo. Mientras tanto, los principios de transparencia, equidad electoral y neutralidad son relegados.
La ciudadanía debe estar atenta. Estas jugadas no son solo reformas técnicas: son estrategias preelectorales camufladas que amenazan con minar los pilares democráticos del país.
Porque al final, lo que está en juego no es solo el presupuesto o una semana de representación. Es la posibilidad de que el Perú tenga una elección justa, transparente y verdaderamente competitiva.
