El ministro de Educación, Morgan Quero, informó que su sector ha enviado a la provincia de Condorcanqui, Amazonas, una comisión de expertos para investigar y salvaguardar a las escolares víctimas de presunta violación sexual por parte de docentes de dicha región.
Tras inaugurar un colegio bicentenario en el distrito de San Luis, el titular del Minedu sostuvo que «si se confirma que las niñas han sido violadas, no nos temblará la mano» para formular la denuncia correspondiente contra los responsables. También señaló que se está trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) para monitorear la integridad de las presuntas víctimas.
“Hace ya diez días pedí que se dirigiera una comisión; primero, para salvaguardar a las víctimas de esta localidad. Si es una práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, nosotros vamos a ser muy prudentes y exigir una respuesta a la comunidad”, declaró Quero.
Alarma por la magnitud del problema
La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc Tena, informó que en la provincia de Condorcanqui se han registrado más de 500 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra escolares. En algunos casos, los agresores han contagiado de VIH a las menores.
Un reportaje difundido por La República señala que las denuncias fueron recogidas a lo largo de los últimos 14 años, entre 2010 y los primeros cinco meses de 2024, en los distritos de Cenepa (165), Nieva (175), Santiago (175), Imaza (7), Datem (1) y Nauta (1).
Respuesta institucional y acciones a tomar
De los 500 casos reportados, 111 docentes fueron destituidos, 4 se encuentran en cese temporal y 72 han sido absueltos. Sin embargo, 519 son contratados y muchos aún continúan impartiendo clases. El mayor porcentaje de las agresiones sexuales habría ocurrido en colegios con residencia estudiantil.
El ministro Quero enfatizó la importancia de una intervención rápida y efectiva para proteger a las víctimas y garantizar que los culpables enfrenten las consecuencias legales. «No permitiremos que estos actos queden impunes. Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestras estudiantes», afirmó.
La comisión enviada a Amazonas también tiene el mandato de trabajar estrechamente con las autoridades locales y comunidades para abordar el problema desde una perspectiva cultural y educativa, promoviendo el respeto y la protección de los derechos de las niñas y adolescentes.
