El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la ley que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos. Es decir, las organizaciones políticas no podrán ser procesadas a nivel judicial por determinados delitos que se les imputen.
La norma promulgada fue publicada en una edición extraordinaria de El Peruano. La «Ley que optimiza la democracia representativa y establece medidas de lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas» señala que los partidos políticos que incurran en delitos no podrán ser disueltos, clausurados o suspendidos. Solo serán sancionados de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas que establece multas administrativas.
El Congreso dispuso en la norma modificar el artículo 105 del Código Penal incorporando dos párrafos en el Decreto Legislativo 635. El dictamen indica que ya no se puedan aplicar las medidas 1, 2 y 3 (clausura de locales, disolución de la organización y suspensión de actividades) a un partido político, así lo decida un juez.
El parlamento también modificó el artículo 5 de la Ley 30424, que establece sanciones administrativas contra personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. En este caso, según la norma aprobada, un juzgado tampoco podría aplicar lo siguiente a una organización política:
-Inhabilitación (en las distintas modalidades que establece la Ley).
-Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no menor de un año ni mayor de cinco años.
-Disolución.
La promulgación de esta ley ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores defienden la medida argumentando que se trata de una herramienta para fortalecer la democracia representativa y evitar la disolución arbitraria de partidos políticos, otros critican que podría fomentar la impunidad y dificultar la lucha contra la corrupción en el país.
Esta legislación se enmarca en un contexto político complejo, donde la confianza en las instituciones y en los partidos políticos ha sido severamente cuestionada por diversos casos de corrupción. La implementación de la norma y su impacto en el sistema político peruano serán observados de cerca tanto por ciudadanos como por organizaciones de la sociedad civil.
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