Cambios en el marco legal buscan fortalecer la prevención e investigación del delito de extorsión
En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la lucha contra la extorsión y delitos conexos, el Poder Ejecutivo ha promulgado un decreto que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación de estos delitos. La modificación también abarca ajustes en el Código Penal y el Código Procesal Penal.
El Decreto Legislativo 1611, recientemente publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece medidas que se aplicarán a nivel nacional, abarcando áreas geográficas específicas y el ciberespacio, pero excluyendo actuaciones en propiedad privada que requieran un mandato judicial y recintos protegidos por inmunidad diplomática.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio Público liderará la investigación desde su inicio, ejerciendo el control jurídico sobre la Policía Nacional del Perú (PNP) en el proceso de prevención, investigación y combate de la extorsión y delitos conexos.
La PNP, por su parte, asume la responsabilidad de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, así como llevar a cabo las investigaciones procesales de estos delitos. En términos de prevención, la PNP llevará a cabo patrullajes vehiculares, vigilancia fija o móvil, operaciones de control territorial y otras medidas.
El decreto también detalla las diligencias que la unidad de investigación policial debe realizar, como el levantamiento de muestras, registros e inspecciones del lugar de los hechos, identificación de testigos presenciales y revisión de la escena del delito.
Además, establece que las entidades públicas y privadas deben cooperar con la autoridad policial en la investigación de delitos de extorsión y delitos conexos, en cumplimiento de las obligaciones expresadas en normas de distinta jerarquía.
En una modificación adicional, el decreto ajusta los artículos 200 y 317 del Código Penal para endurecer las sanciones relacionadas con los delitos de extorsión y de organización criminal. Este enfoque renovado refleja el compromiso del Gobierno en la lucha contra la extorsión y sus ramificaciones, marcando un cambio importante en el marco legal para abordar esta problemática.
