La Corte Suprema de Justicia de la República ha resuelto mantener la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, al declarar infundada la solicitud presentada por su defensa para cesar esta medida. Castillo, quien enfrenta graves acusaciones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado, seguirá privado de su libertad tras la decisión adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
La solicitud de cese de prisión preventiva había sido interpuesta por los abogados del exmandatario, quienes argumentaron que habían surgido nuevos elementos de convicción que justificarían la liberación de Castillo, tales como la falta de testimonios clave y documentos que, según su versión, demostrarían que no existió un alzamiento armado por parte de Castillo.
No obstante, la Corte desestimó dichos argumentos, afirmando que no presentaban suficiente validez como para alterar la medida de prisión preventiva. En su resolución, se indicó que los elementos aportados por la defensa no demostraban ninguna alteración de los hechos relacionados con los delitos imputados, por lo que no fueron considerados como nuevos elementos de convicción.
Además, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa de sustituir la prisión preventiva por vigilancia electrónica, dado que los cargos contra Castillo implican penas privativas de libertad que oscilan entre 10 y 20 años, lo que imposibilita la aplicación de este tipo de medidas. La Corte también argumentó que no era procedente cambiar la prisión preventiva bajo el pretexto de que en el penal donde se encuentra recluido, conocido como Barbadillo, no existe hacinamiento.
La decisión de la Corte Suprema reafirma la vigencia de la medida de prisión preventiva que había sido prolongada el pasado 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente del mismo organismo. Esta medida está vinculada a los sucesos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y reorganizar diversas instituciones del Estado, un acto interpretado como un intento de quiebre del orden constitucional.
En este proceso judicial, Castillo enfrenta una solicitud de condena de hasta 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y otros cargos relacionados con la alteración del orden constitucional. Además, se investigan a otros exfuncionarios de su gobierno, incluyendo a los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.
