La violencia sigue en ascenso en el país. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), entre enero y junio de 2025 se reportaron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, confirmando la crítica situación de inseguridad que atraviesa el Perú.
El último informe de Human Rights Watch revela que los homicidios en Perú aumentaron un 137 % entre 2018 y 2024, alcanzando un total de 2,546 asesinatos el año pasado, posicionando al país como uno de los más afectados por la violencia en la región.
Sicariato y crímenes violentos al alza
Los últimos días reflejan el nivel de brutalidad que golpea a la ciudadanía. El 9 de julio, un hombre fue acribillado en su camioneta por sicarios en San Juan de Miraflores. Testigos señalaron que los atacantes se movilizaban en motocicleta y mototaxi.
Un día antes, otro hombre fue asesinado dentro de un billar en San Juan de Lurigancho. El crimen, registrado por cámaras de seguridad, mostró al sicario disfrazado de repartidor, disparando sin reparos frente a los clientes.
El 7 de julio, un ataque armado en el Callao dejó dos muertos, entre ellos una niña de tres años. La madre de la menor, embarazada, resultó herida.
Estos casos evidencian el crecimiento del sicariato y las redes criminales que operan en las principales ciudades del país.
Bandas criminales y minería ilegal
El informe de Human Rights Watch alerta que el crimen organizado en Perú está altamente fragmentado. Según entrevistas a policías, solo en Trujillo operan más de 40 bandas criminales. Entre ellas, “Los Pulpos” destacan por su nivel de violencia, su control sobre la extorsión y su expansión hasta Chile. También se les vincula con la minería ilegal de oro en La Libertad.
Además, fiscales advierten que mafias de Brasil han extendido sus operaciones al Perú, utilizando la minería ilegal en Madre de Dios y Ucayali para lavar dinero y diversificar sus ingresos.
Normas que limitan la lucha contra el crimen
Human Rights Watch también criticó medidas legales recientes que dificultan el combate al crimen organizado. Su directora para América Latina, Juanita Goebertus, explicó que leyes aprobadas desde 2022 han reducido los plazos para la colaboración eficaz, obstaculizando las investigaciones fiscales.
Además, cuestionó que el Congreso haya eliminado el elemento de sorpresa en los allanamientos al exigir la presencia de abogados durante las diligencias, lo cual debilita la capacidad de desarticular organizaciones criminales.
Un panorama alarmante
Los datos del SINADEF, sumados a los reportes de Human Rights Watch, confirman que la inseguridad en Perú sigue agravándose, con un escenario donde el sicariato, las bandas criminales y la minería ilegal se entrelazan, mientras las herramientas legales para combatirlos se debilitan.
