LIMA, noviembre de 2026. Detener el deterioro de las instituciones e incentivar la confianza ciudadana exige la participación activa del empresariado en el país. Esta postura estructuró el foro «Del silencio a la acción», organizado por Capitalismo Consciente Perú y la universidad ESAN para analizar la responsabilidad corporativa frente a la corrupción. Durante el encuentro, los participantes acordaron canalizar medidas colectivas para robustecer el Estado de derecho y proteger la legalidad en las decisiones de interés público.
El debate determinó que el sistema democrático representa la base operativa para consolidar mercados abiertos fundamentados en reglas impersonales y rendición de cuentas. Frente a los riesgos institucionales actuales, los expositores señalaron que las organizaciones privadas necesitan abandonar los esquemas pasivos para asumir una vigilancia cívica permanente.
¿Qué riesgos genera el crimen organizado para los mercados?
El presidente de Proética, José Ugaz, advirtió durante su ponencia que las redes ilícitas sobrepasan los problemas habituales de seguridad ciudadana. La criminalidad funciona como una estructura de poder con capacidad para disputar territorios, penetrar entidades estatales y consolidar esquemas paralelos de administración territorial.
Frente a este escenario, Ugaz sostuvo que el sector privado debe pasar del cumplimiento normativo defensivo a una estrategia de integridad y defensa de los mercados. La debilidad en la aplicación de las normas desestabiliza las condiciones básicas de inversión y convivencia, lo que demanda barreras corporativas directas contra la penetración de dineros ilícitos.
¿Cuál es el nivel de confianza ciudadana en las instituciones?
La desconfianza pública afecta la estabilidad del país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) expuestos por el politólogo Rodrigo Barrenechea. Los registros oficiales revelan que únicamente el 13,2% de los peruanos confía en la Policía Nacional y solo el 3,5% mantiene confianza en el Congreso de la República.
Barrenechea explicó que la fragilidad de las entidades encargadas de aplicar las normas traba la cooperación colectiva indispensable para el progreso. Con el propósito de revertir esta brecha, el especialista planteó diseñar una reforma policial centrada en meritocracia, capacidad de investigación técnica y supervisión de la sociedad civil.
Por su parte, el economista Ricardo Hausmann detalló en una entrevista proyectada durante la jornada que el avance de economías criminales coloca en riesgo la estabilidad del entorno social. El académico de Harvard indicó que el desarrollo sostenible requiere un Estado eficiente y una colaboración público-privada orientada a la productividad general, evitando la búsqueda de privilegios particulares.
¿Cuáles son los compromisos del empresariado hacia 2031?
En el cierre de la jornada, Rosa Bueno, presidenta de Capitalismo Consciente Perú, afirmó que el rol de las corporaciones va más allá de las tareas productivas cotidianas. «La responsabilidad del empresariado no termina en generar empleo, invertir, pagar impuestos y cumplir las leyes», manifestó la directiva al convocar a los asistentes a asumir un compromiso cívico activo.
Como resultado del foro, Capitalismo Consciente Perú convocará formalmente a la construcción de la Agenda del Líder Empresarial Ciudadano 2027-2031. Esta plataforma de trabajo contendrá metas técnicas verificables, acuerdos compartidos y mecanismos abiertos de fiscalización para medir avances en el fortalecimiento democrático.
Aparte de esta agenda programática, Bueno acogió la iniciativa «Ciudadanos por la Democracia», planteada durante la sesión por Jorge Medina. Esta propuesta busca constituir un colectivo cívico independiente y no partidista, integrado por ejecutivos a título individual para canalizar aportes directos en favor de las libertades públicas sin comprometer marcas ni razones sociales. Ambas rutas de trabajo procuran convertir la preocupación cívica en acciones coordinadas en favor de la estabilidad del país.
