El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en diversos distritos de Piura, Ayacucho, Cusco y Junín como parte de su estrategia para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos conexos que afectan la seguridad ciudadana. La medida fue oficializada mediante los Decretos Supremos N.° 064-2026-PCM y 063-2026-PCM, publicados por el Ejecutivo.
En ambos casos, la ampliación regirá por 60 días calendario y permitirá mantener operativos especiales en zonas consideradas críticas por la incidencia de delitos como tráfico ilícito de drogas, sicariato, robo agravado, contrabando y tenencia ilegal de armas de fuego. La Presidencia precisó que estas acciones se ejecutarán sobre la base de labores de inteligencia, indicadores y mapas del delito.
En el caso del Decreto Supremo N.° 064-2026-PCM, la prórroga comprende los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, en la provincia de Piura; además de Sullana y Bellavista, así como las provincias de Paita y Talara, en la región Piura. En estas zonas, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La norma indica que esta decisión busca continuar enfrentando diversas manifestaciones de violencia asociadas al accionar de organizaciones criminales, especialmente en una región donde la inseguridad ha ganado terreno en los últimos meses. Esa última apreciación es una inferencia razonable a partir del alcance del decreto y del tipo de delitos mencionados oficialmente.
Por otro lado, el Decreto Supremo N.° 063-2026-PCM extiende el estado de emergencia en distritos del Vraem, una de las zonas más sensibles del país por la persistencia del narcotráfico y otras economías ilegales. La prórroga comprende los distritos de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso, en la provincia de La Mar (Ayacucho).
También incluye los distritos de Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea, en la provincia de La Convención (Cusco), así como Pangoa y Río Tambo, en la provincia de Satipo (Junín). Según el Ejecutivo, la finalidad es seguir fortaleciendo las acciones de control y combate contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos vinculados.
El Gobierno remarcó además que las intervenciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas deberán realizarse dentro del marco constitucional, con respeto a los derechos fundamentales y conforme a la legislación vigente sobre uso de la fuerza y protección de personas en condición de vulnerabilidad.
Con esta nueva prórroga, el Ejecutivo apuesta por mantener una respuesta reforzada en territorios donde la acción del crimen organizado sigue representando una amenaza para el orden interno y la seguridad de la población.
