El Congreso de la República aprobó esta semana por unanimidad un dictamen que establece el aumento progresivo del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), alcanzando el 4% para el año 2029. Esta medida representa un hito para la descentralización fiscal en el país y busca fortalecer la capacidad de inversión de los gobiernos locales en las zonas más necesitadas.
La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), que desde 2023 lidera esta iniciativa, destaca el impacto que tendrá el nuevo marco presupuestal en la mejora de los servicios públicos y la infraestructura local. El camino hacia esta aprobación incluyó un proceso de diálogo sostenido que convocó a más de 600 alcaldes en la provincia de Quispicanchi (Cusco), diversas marchas y un importante respaldo político logrado en la Comisión de Economía durante una sesión en Huancayo.
El dictamen aprobado contempla un incremento gradual: 2.5% para el año 2026, 3% en 2027, 3.5% en 2028 y 4% en 2029. Según REMURPE, este aumento permitirá a los municipios ampliar sus capacidades de ejecución en proyectos de desarrollo urbano, infraestructura básica y servicios esenciales.
«Este es un logro histórico que responde a años de trabajo conjunto y de diálogo entre los gremios municipales y el Congreso. Agradecemos a los parlamentarios que se han puesto del lado del pueblo y al Ejecutivo, a quien exhortamos a promulgar la ley en el plazo más breve posible,» señaló Julio César Chávez Rodrigo, presidente de REMURPE.
El respaldo de otros gremios, como la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú (AMUDIP) y la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú (AMUCEP), ha sido clave para consolidar este consenso. Para los líderes municipales, el fortalecimiento del Foncomun es fundamental para cerrar brechas y promover un desarrollo territorial más equitativo.
Con más de 6 millones de peruanos viviendo en zonas rurales y urbano-marginales, el aumento del Foncomun llega en un contexto en el que las municipalidades requieren mayores recursos para responder a las crecientes demandas ciudadanas en materia de infraestructura, educación, salud y conectividad.
La aprobación de esta medida marca un paso importante en la construcción de un Estado más descentralizado y con mayor capacidad de respuesta a nivel local. El reto ahora será asegurar la eficiente gestión de los recursos y promover la transparencia en su ejecución.
