El Ministerio Público ha puesto en marcha acciones de supervisión para verificar la integridad física del expresidente Pedro Castillo, luego de que anunciara su decisión de iniciar una huelga de hambre como protesta por el proceso judicial en su contra.
La intervención está a cargo del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, liderado por la fiscal Verónica Vásquez Plaza, que envió personal al penal de Barbadillo, donde el exmandatario cumple prisión preventiva.
El procedimiento responde a una alerta emitida por el jefe del Área de Salud del penal, Jhon William Lozano Asenjo, quien informó que Castillo Terrones se ha negado a ingerir alimentos. Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) remitió un informe detallado sobre la situación del exjefe de Estado.
La decisión de Castillo de someterse a esta medida fue comunicada a través de un documento firmado por su abogado, Walter Ayala, en el que el expresidente argumenta que su huelga es una respuesta a las supuestas injusticias cometidas en su contra.
Desde el INPE se ha anunciado que se iniciará un proceso administrativo disciplinario contra el exmandatario, ya que su negativa a recibir alimentos es considerada una falta grave según la normativa penitenciaria. Como consecuencia, Castillo podría enfrentar sanciones que incluyen el aislamiento y la suspensión de visitas.
