La denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte y altos funcionarios de su Gobierno ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido ampliada, según anunciaron este jueves los juristas y políticos que impulsan la acusación. Esta ampliación se basa en la incorporación de nuevos elementos sobre la actuación de las autoridades en el manejo de las protestas antigubernamentales que dejaron 49 fallecidos entre finales de 2022 y principios de 2023.
Entre las figuras que respaldan esta acción se encuentran Walter Albán, exdefensor del Pueblo; Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros; Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca; Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA; Indira Huilca, excongresista; y Sonaly Tuesta, exviceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, entre otros.
En un documento emitido por los denunciantes, se argumenta que la ampliación responde a la necesidad de actualizar la información ante la CPI, asegurando que el proceso siga los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos. Además, subrayan que, hasta la fecha, no hay condenados por las muertes registradas durante las manifestaciones, lo que consideran una falta grave en la búsqueda de justicia.
Hacia una Comisión de la Verdad
Como parte de sus acciones para esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas, los denunciantes han anunciado que impulsarán la conformación de una Comisión de la Verdad con el respaldo de organizaciones internacionales. Esta instancia buscaría determinar con precisión la magnitud de los hechos y contribuir a la identificación de todos los responsables.
“El país enfrenta una crisis de democracia y derechos humanos que no debe quedar impune”, sostienen en el documento, en el que también citan al pensador peruano Manuel González Prada: “El patriotismo no es amor a la tierra, sino a la justicia”.
El sustento de la denuncia
La acusación presentada en agosto de 2024 ante la CPI se fundamenta en informes de diversas entidades internacionales, entre ellas la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estas organizaciones han advertido sobre presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas en el país.
Los denunciantes sostienen que la situación actual representa una de las etapas más críticas de la historia reciente del Perú, con un deterioro de la democracia representativa y graves afectaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Frente a ello, reiteran su compromiso con la búsqueda de justicia y la exigencia de medidas cautelares que permitan garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
