En una intervención ante el Congreso, la Defensoría del Pueblo reveló su exhaustivo análisis sobre el proyecto Vías Nuevas de Lima, apuntando a una «desnaturalización» del contrato suscrito con el consorcio Rutas de Lima. Josué Gutiérrez, titular de la institución, manifestó su preocupación por más de 30 modificaciones realizadas mediante actas y una adenda, las cuales, según él, han «generado prejuicio» al erario público.
Gutiérrez destacó que el contrato originalmente planteado como autosostenible ahora implica un «cofinanciamiento» por parte del Estado peruano. Subrayó que el proyecto, inicialmente diseñado para no demandar recursos del erario público, ahora implica que la construcción de tramos y el mantenimiento de las vías sean sufragados por el Estado.
El Defensor del Pueblo criticó especialmente la eliminación de la disposición que destinaba el 4% de la cobranza bruta anual por peajes a la Municipalidad de Lima, a pesar de que este acuerdo estaba establecido desde el principio.
«De ser autosostenible hemos pasado a que sea complementado con el pago del Estado y se ha hecho prácticamente gratuito para el concesionario. Es decir, los fines que motivaron este contrato han sido desnaturalizados», expresó Gutiérrez, subrayando el impacto en el interés público.
En el Peaje Chillón, específicamente, Gutiérrez señaló que hay una «afectación de derechos», y mencionó acciones ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para abordar esta situación.
La Defensoría entregó a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos del Congreso un informe detallado de más de 300 páginas, que incluye conclusiones y recomendaciones para evitar que la situación descrita perjudique aún más el ámbito público.
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