El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de Junín afectados por el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado, con el objetivo de ejecutar medidas inmediatas de respuesta y rehabilitación en las zonas más golpeadas. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria de El Peruano.
La declaratoria alcanza a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca; así como a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo. Según el Ejecutivo, la medida permitirá activar acciones excepcionales, inmediatas y necesarias para atender a la población afectada y acelerar la recuperación en las zonas dañadas.
El decreto dispone que el Gobierno Regional de Junín y los municipios involucrados ejecuten estas acciones con la coordinación técnica del Indeci y la participación de varios ministerios, entre ellos Salud, Educación, Vivienda, Transportes, Interior, Defensa, Energía y Minas, Mujer y Midis. Además, las intervenciones podrán modificarse de acuerdo con las necesidades que se presenten durante la ejecución, siempre que exista sustento técnico.
La norma también incluye una larga lista de bienes que podrán ser movilizados bajo el marco de la Ley N.° 30498, que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de ayuda en situaciones de desastre. Entre ellos figuran alimentos, medicinas, vacunas, carpas, generadores, combustible, maquinaria pesada, equipos médicos, artículos de abrigo y materiales de construcción.
La emergencia se produce en medio de un panorama todavía delicado en la región. Según reportes recogidos por la prensa local y nacional, el sismo dejó al menos cinco fallecidos, decenas de heridos, viviendas colapsadas y cientos de familias afectadas, aunque algunos balances más recientes elevan la cifra de víctimas mortales a seis. Esa diferencia refleja que la evaluación de daños todavía seguía en actualización durante la mañana del lunes.
El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, advirtió además que muchas familias damnificadas se resisten a abandonar las zonas de desastre por temor a saqueos. De acuerdo con sus declaraciones a RPP, aunque se habilitaron carpas y espacios seguros, varios afectados prefieren permanecer cerca de sus viviendas destruidas para proteger las pocas pertenencias que aún conservan.
Ese problema también fue reportado por la Policía. Según la cobertura de RPP, ya se intervinieron casos de sustracción de bienes entre los escombros, lo que ha obligado a reforzar la seguridad en las zonas impactadas.
