La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SCAC) aprobó hoy el informe final de la Denuncia Constitucional N.º 300 que propone acusar ante la Comisión Permanente a cuatro parlamentarios de Acción Popular (AP).
En ese sentido, los legisladores Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jhaec Darwin Espinoza Vargas y Elvis Hernán Vergara Mendoza, fueron acusados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano.
Vale mencionar que, el informe elaborado y sustentado por la parlamentaria Norma Yarrow (Avanza País) incluía también a los congresistas de AP Juan Carlos Mori Celis e Ilich López Ureña, pero no procedió la acusación contra ellos, porque según el documento, no se verificó la imputación necesaria y la inexistencia de indicios incriminatorios.
Archivo: SCAC / Twitter
Asimismo, la propuesta del informe final concluye en archivar la denuncia por infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Carta Magna, esto para el caso de los seis congresistas. En esa línea, se descarta el desafuero para los imputados.
De igual forma, la acusación por antejuicio político contra los seis legisladores por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio fueron archivadas.
Por su parte, la legisladora Susel Paredes presentó una cuestión previa, a fin de que se incluya a Juan Carlos Mori Celis e Ilich López Ureña en la acusación por organización criminal y tráfico de influencias agravado. Dicha propuesta fue rechazada con 20 votos; mientras que, se registraron dos abstenciones y un voto a favor de la iniciativa.
Antes de la votación final, Lady Camones (Alianza para el Progreso), en su condición de integrante del grupo de trabajo, sugirió que se suspenda a los congresistas acusados mientras demore su proceso penal, pudiéndose reincorporar en el caso sean absueltos.
Finalmente, con 12 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, la SCAC aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional N.º 300.
Vale precisar que, en el Pleno se debatirá si procede o no elevar el caso a la Fiscalía, así como el pedido de suspensión de los cuatro parlamentarios acusados.
