El Congreso de la República aprobó con 96 votos a favor la ley que autoriza el retiro del 100% de los fondos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre del 2026. La medida fue sustentada como un alivio económico para los trabajadores, especialmente ante escenarios de crisis. Sin embargo, especialistas en economía y políticas públicas advierten que esta disposición podría tener efectos negativos en la estructura del sistema previsional peruano.
Desde la aprobación de los primeros retiros en 2019, los depósitos de CTS han disminuido drásticamente, pasando de S/ 22,000 millones a menos de S/ 10,000 millones. Este escenario preocupa a los expertos, quienes consideran que, lejos de fortalecer la seguridad económica de los trabajadores formales, se está fomentando su vulnerabilidad futura.
Marco Ortiz, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), señaló que el sistema previsional requiere reformas estructurales, pero que las decisiones deben ser tomadas con base técnica. “El sistema de seguridad social peruano es perfectible, pero en lugar de fortalecerlo, estamos debilitándolo con políticas que carecen de sustento técnico”, afirmó.
Ortiz también explicó que este tipo de medidas se están utilizando como políticas contracíclicas incluso en periodos en los que el Producto Bruto Interno (PBI) no presenta una contracción severa. El Ministerio de Economía proyecta un crecimiento económico sostenido para los próximos meses, lo cual aleja el argumento de emergencia usado para justificar el retiro de fondos.
Además de las críticas al retiro de la CTS, la atención se ha dirigido hacia la posible aprobación de un nuevo retiro de fondos de AFP. Aunque esta propuesta aún no ha sido debatida por la Comisión de Economía del Congreso, la reciente liberación de CTS podría abrir camino a una medida similar respecto a las cuentas individuales de pensiones.
En ese contexto, Noelia Bernal, también investigadora del CIUP, advirtió que el uso de los fondos previsionales para cubrir necesidades de corto plazo distorsiona el propósito para el que fueron creados. “Lo que uno aporta a su fondo de pensiones no está pensado para emergencias, sino para garantizar estabilidad económica en la vejez o ante enfermedades. Usar estos fondos para otros fines desvirtúa el propósito original del sistema previsional”, sostuvo.
Bernal también alertó sobre los efectos fiscales de la Ley 32123, que plantea cambios en el sistema contributivo, pero que, según su análisis, generará un alto costo para el Estado sin lograr transformaciones significativas. “El impacto fiscal es alto, pero los cambios estructurales son limitados”, explicó.
La tendencia al retiro continuo de fondos previsionales se suma al entorno de alta informalidad laboral que ya afecta al país. Según cifras oficiales, más del 70% de la población económicamente activa se encuentra fuera del sistema formal, lo que reduce aún más las oportunidades de contar con una pensión digna al llegar a la vejez.
Frente a este panorama, los expertos coinciden en que se requiere una reforma previsional integral y sostenida. Dicha reforma debe abordar la informalidad, mejorar la educación financiera y, sobre todo, garantizar un sistema de protección social que cumpla con su objetivo esencial: asegurar bienestar a largo plazo para los trabajadores peruanos.
En palabras de Ortiz, “no se debe apelar al corte populista en este tipo de decisiones, ya que se termina perjudicando a los pocos trabajadores formales que contribuyen y sostienen el sistema. El riesgo es que terminemos sin ahorro para el futuro y sin respaldo en el presente”.
