El Gobierno del Perú ha dispuesto la prórroga del estado de emergencia por un período de 45 días en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, medida que busca intensificar las acciones de seguridad en estas zonas. La extensión, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 129-2024-PCM, entra en vigor hoy, 27 de noviembre, y otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas (FFAA) facultades excepcionales para controlar el orden interno.
Los distritos afectados incluyen Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla, de la Provincia Constitucional del Callao.
Restricciones constitucionales en vigor
La norma establece la suspensión de varios derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, en concordancia con el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución.
Además, se precisa que las intervenciones de la PNP y las FFAA se rigen por los marcos legales existentes, incluyendo el Decreto Legislativo N° 1186 sobre el uso de la fuerza policial y el Decreto Legislativo N° 1095, que regula la actuación de las FFAA en el territorio nacional.
Enfoque integral y protección a los más vulnerables
La medida también toma en cuenta el “Protocolo de actuación conjunta del Estado”, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2023-MIMP, que busca garantizar una atención adecuada a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad durante intervenciones policiales y detenciones.
El Ministerio del Interior (Mininter) liderará la coordinación interinstitucional, incluyendo al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Sucamec, el Gobierno Regional del Callao y las municipalidades locales, para garantizar la efectividad de la medida.
La norma fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén, y los titulares de Defensa, Interior y Justicia, quienes destacaron la necesidad de la medida en respuesta a los retos de seguridad en las jurisdicciones mencionadas.
La ampliación de este estado de emergencia refleja el compromiso del Gobierno de reforzar la seguridad ciudadana en zonas críticas. Sin embargo, esta decisión también implica un desafío para garantizar el respeto de los derechos humanos, el adecuado control de las intervenciones y la articulación efectiva entre las instituciones involucradas.
El balance de la medida será evaluado al término de los 45 días, periodo en el cual se espera reducir los índices de inseguridad en las zonas intervenidas y restablecer el orden público de manera sostenible.
