El anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sobre la ampliación del plazo para la titulación de los docentes en colegios privados es una medida que, aunque busca fomentar la formalización educativa, también pone en evidencia las complejidades del sector y las brechas que aún persisten.
El proyecto de ley aprobado por el Gobierno y que será enviado al Congreso modifica el Decreto de Urgencia 002-2020, el cual originalmente estableció un plazo de cinco años para que los docentes sin título universitario obtuvieran la acreditación necesaria para ejercer. Sin embargo, a solo un año del vencimiento del plazo, más de una cuarta parte de los profesores aún no han cumplido con este requisito.
La cifra es alarmante: el 28.8% de los docentes de instituciones educativas privadas carece del título universitario exigido. Este dato no solo refleja los desafíos individuales que enfrentan estos profesionales, sino que pone sobre la mesa las dificultades estructurales del sector educativo privado. Desde la falta de acceso a programas de formación adecuados hasta la presión económica que enfrentan tanto los docentes como las instituciones educativas pequeñas y medianas, las barreras para cumplir con esta normativa son muchas y variadas.
Si bien la medida de ampliar el plazo puede parecer razonable en términos prácticos, también abre una discusión sobre la calidad de la educación que se brinda en el país. La formación académica de los docentes es un pilar fundamental para garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Extender el plazo podría interpretarse como un retroceso en los esfuerzos por elevar los estándares educativos, especialmente en un contexto donde la educación privada ha sido históricamente percibida como un espacio de mayores exigencias.
Por otro lado, esta decisión puede entenderse como un llamado a la reflexión sobre las políticas de formalización educativa en su conjunto. La lucha contra la informalidad en el sector educativo no se soluciona únicamente con establecer plazos o emitir decretos. Es imprescindible que el Estado, junto con las instituciones privadas, diseñe estrategias integrales que incluyan programas de formación accesibles, incentivos para la titulación y un acompañamiento sostenido para los docentes.
Es preocupante que, a pesar de haber transcurrido cuatro años desde la promulgación del Decreto de Urgencia 002-2020, las cifras de incumplimiento sigan siendo altas. Esto evidencia que los mecanismos implementados hasta ahora no han sido suficientes para abordar las necesidades del colectivo docente. ¿Se trata de una falta de voluntad por parte de los profesores o, más bien, de un sistema que no ha ofrecido las herramientas necesarias para cumplir con la normativa?
La educación en el Perú enfrenta múltiples retos, y la informalidad en la enseñanza privada es uno de ellos. Sin embargo, no debemos olvidar que detrás de estas cifras hay profesionales que, en muchos casos, trabajan en condiciones precarias y con recursos limitados. En lugar de verlos como parte del problema, es crucial integrarlos como parte de la solución, ofreciéndoles oportunidades reales de desarrollo profesional.
La ampliación del plazo debe ser acompañada de un plan concreto y medible que garantice que, al finalizar estos tres años adicionales, el porcentaje de docentes titulados aumente de manera significativa. Además, el Congreso tiene la responsabilidad de debatir y perfeccionar este proyecto de ley para que no se convierta en un simple aplazamiento sin resultados tangibles.
