El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió en favor del Congreso la demanda competencial que presentó contra el Poder Judicial (PJ) por las resoluciones que impedían la elección del nuevo de la Defensoría del Pueblo, facultad constitucional del Parlamento.
En ese sentido, el máximo ente de la Carta Magna declaró fundada por mayoría la referida demanda competencial.
Por otro lado, declaró fundada la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Judicial; en consecuencia, son nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público.
Asimismo, el TC le otorgó facultades al Legislativo a fin de que continúe con la reforma al consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Tal como los casos anteriores, el PJ había emitido resoluciones que paralizaban dicho proceso de reestructuración.
En esa línea, el TC pone de conocimiento la presente sentencia a la Junta Nacional de Justicia, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones sobre el comportamiento funcional de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Congreso de la República.
Finalmente, exhortó al Parlamento a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como a reformar su reglamento, para incorporar a los miembros del JNE, el jefe de la ONPE y el jefe del RENIEC.
