Sindicato exige sustento técnico ante reestructuración financiera de la petrolera estatal
La reciente propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reestructurar Petroperú mediante un Decreto de Urgencia ha generado una respuesta contundente por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la empresa (STAPP). A través de un comunicado emitido el 29 de diciembre de 2025, el gremio advirtió que la urgencia financiera no puede justificar la vulneración de la gobernanza corporativa ni del marco constitucional. Si bien coinciden en la necesidad de asegurar la continuidad operativa, cuestionan los métodos anunciados por el Ejecutivo para intervenir en la gestión de la sociedad anónima.
¿Qué cuestionamientos surgen sobre la gobernanza y legalidad?
El punto central del reclamo radica en la forma jurídica elegida para la intervención. El gremio sostiene que cualquier medida de reorganización debe respetar las competencias de los órganos societarios, tales como la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia. Una intervención que ignore estos canales debilita la institucionalidad de la empresa y eleva la incertidumbre en el mercado.
Para los representantes laborales, invocar un Decreto de Urgencia exige acreditar la extraordinariedad del evento y limitar la intervención a lo permitido constitucionalmente. Más que utilizar esta herramienta para dirigir la compañía como una dependencia administrativa, se requiere un enfoque que respete la autonomía empresarial y la seguridad jurídica.
«El fin no justifica el medio: cualquier ‘reestructuración’ debe respetar el marco constitucional y societario aplicable a una sociedad anónima como PETROPERÚ S.A.», enfatiza el comunicado.
¿Cuál es la postura frente a la participación privada y venta de activos?
Uno de los temas más sensibles es la posible incorporación de inversionistas privados y la gestión de activos. Existe preocupación sobre que términos como «poner en valor» o «participación privada» encubran esquemas que desnaturalicen el rol estratégico de la compañía o deriven en una transferencia de rentas.
Ante esto, STAPP exige candados claros: procesos competitivos, auditorías transparentes y la prohibición de condiciones que comprometan la seguridad energética nacional. Aparte de solicitar límites precisos, demandan que cualquier modalidad de asociación o gestión de activos se explicite y discuta con información completa antes de su aprobación, evitando atajos normativos que beneficien a terceros en detrimento del Estado.
¿Qué transparencia se pide sobre las cifras financieras?
El gremio también ha puesto en tela de juicio las cifras presentadas por el MEF, que aluden a un compromiso estatal de S/ 17 888 millones entre 2022 y 2024. Los trabajadores solicitan el desglose técnico de estos montos, especificando las fuentes, instrumentos y resultados reales de dichas inyecciones de capital. Argumentan que los anuncios oficiales sin precisión técnica generan ruido innecesario y pueden deteriorar aún más las condiciones financieras de la organización.
¿Cómo se aborda la eficiencia operativa y los derechos laborales?
La eficiencia es reconocida como una necesidad, pero se rechaza que la reducción de costos implique desorden operativo o decisiones discrecionales sobre líneas de negocio. La evaluación de actividades debe basarse en criterios técnicos y de gobernanza, no en improvisaciones.
En cuanto al capital humano, el sindicato subraya que el respeto a los derechos laborales debe ir más allá de las declaraciones políticas. Exigen cláusulas explícitas en las normas que garanticen la estabilidad, el respeto a los convenios colectivos y la prohibición de despidos arbitrarios.
«La inacción no es alternativa. Lo que corresponde es actuar bien: con legalidad, transparencia, gobernanza corporativa, sustento técnico y diálogo social», concluye el documento.
¿Cuáles son las exigencias inmediatas?
Para encauzar la situación, STAPP ha planteado una serie de requerimientos urgentes a las autoridades. Estos incluyen la instalación inmediata de una mesa técnica con participación sindical, la publicación de los informes que sustentan el Decreto de Urgencia y la incorporación de mecanismos de cumplimiento verificables. El objetivo es construir una solución sostenible que proteja el patrimonio estatal sin vulnerar el ordenamiento jurídico.
