El Tribunal Constitucional (TC) decidió ampliar hasta el 2030 el plazo para que el Estado peruano resuelva el grave problema de hacinamiento en los penales del país, situación que había sido declarada como un «estado de cosas inconstitucional».
En una resolución emitida el último viernes, el TC señaló que el Ministerio de Justicia (Minjus) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberán informar cada mes de enero sobre los avances concretos en la ejecución de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, que tiene como objetivo principal garantizar condiciones humanas en los centros penitenciarios del Perú.
Informes anuales y seguimiento del TC
El fallo establece que el cumplimiento de estas metas será supervisado directamente por el Tribunal, que evaluará los reportes anuales para determinar si se están tomando medidas efectivas. “Sobre la base de esos avances, el Tribunal adoptará las medidas que considere pertinentes para la ejecución efectiva de la sentencia”, precisa la resolución.
Cabe recordar que este martes, 27 de mayo de 2025, vencía el plazo original de cinco años que el TC había otorgado para resolver el hacinamiento carcelario, declarado inconstitucional en 2020.
Riesgo de cierre de penales con hacinamiento extremo
Como parte de las medidas contempladas en la sentencia, el TC advirtió previamente que si no se cumplían los objetivos de deshacinamiento, se ordenaría el cierre de seis penales con niveles críticos de sobrepoblación:
Chanchamayo (553%)
Jaén (522%)
Callao (471%)
Camaná (453%)
Abancay (398%)
Miguel Castro Castro (375%)
Estos centros penitenciarios figuran entre los más hacinados del país, lo que representa no solo una violación de derechos humanos, sino también un riesgo para la seguridad y salubridad de internos y personal penitenciario.
Un problema estructural que persiste
El hacinamiento penitenciario en Perú ha sido reconocido por diversas instituciones como un problema estructural de larga data. La falta de infraestructura, recursos y políticas efectivas ha generado una sobrepoblación crítica en los establecimientos penitenciarios, situación agravada en los últimos años.
Con esta ampliación hasta 2030, el TC da un nuevo margen para que el Estado cumpla con su obligación constitucional de garantizar condiciones dignas y seguras en las cárceles, pero bajo una vigilancia más estricta y con la amenaza de sanciones estructurales.
