La crisis poselectoral sumó un nuevo capítulo. El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no atiende el pedido de nulidad que su agrupación presentó sobre los votos emitidos en 119 oficinas consulares del extranjero.
Sánchez sostuvo que en la segunda vuelta se produjo una “grave afectación del proceso electoral”, centrada en el voto exterior. Según afirmó, una resolución jefatural de la ONPE, emitida a solicitud de la Cancillería, habría reducido las garantías del sistema al eliminar la obligatoriedad de la digitalización y escaneo inmediato de actas tras el cierre de la votación, mecanismo que —según dijo— sí se aplicó en la primera vuelta.
Para el aspirante presidencial, ese cambio afectó la transparencia del sufragio y abrió la puerta a una supuesta manipulación en favor de la candidata de Fuerza Popular. En esa línea, calificó la situación como un “fraude en desarrollo” y reclamó una respuesta del sistema electoral antes de que el conteo quede cerrado.
El líder de Juntos por el Perú exhortó al JNE a actuar frente a lo que considera una transgresión a la intangibilidad de la normativa electoral. Advirtió que, si el organismo no resuelve conforme a ley, interpretará que el proceso quedó consumado en términos fraudulentos y, en ese escenario, no reconocerá una eventual administración encabezada por Fujimori.
En paralelo, anunció que acudirá a instancias internacionales y convocó a una nueva movilización para este sábado 27 de junio, que —según indicó— se desarrollará dentro del marco constitucional. El llamado fue dirigido a movimientos sociales, organizaciones democráticas y simpatizantes de su agrupación tanto en Lima como en las regiones.
Durante su pronunciamiento, Sánchez insistió en que la protesta buscará defender la democracia y denunciar una supuesta captura de las instituciones. También vinculó la convocatoria con la exigencia de libertad para el expresidente Pedro Castillo, reafirmando así el tono político que su agrupación viene manteniendo tras el ajustado desenlace de la segunda vuelta.
El pedido de nulidad sobre el voto exterior se produce en un contexto en el que la Cancillería había informado previamente que la segunda elección presidencial en el extranjero concluyó con normalidad en 119 oficinas consulares, con 2,506 mesas de sufragio instaladas y sin incidentes reportados durante el escrutinio.
