El congresista Pasión Dávila (BM) ha presentado un proyecto de ley que plantea la nulidad de los contratos de concesión en casos donde las partes involucradas sean condenadas por delitos de corrupción en última instancia, tanto en el país como en el extranjero.
Según el legislador, la iniciativa tiene como objetivo primordial combatir la corrupción y asegurar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. En este sentido, propone que la medida se aplique ante sentencias consentidas y ejecutoriadas por casos de corrupción, afectando a funcionarios públicos, representantes o ciudadanos vinculados a personas jurídicas o consorcios.
El proyecto de ley establece que la anulación de la concesión conllevará la reversión de bienes, derechos y obligaciones transferidos a la parte concesionaria, incluso si estos han sido cedidos a terceros. Además, dispone que la Contraloría procederá a la anulación del contrato de manera inmediata una vez notificada la condena por corrupción relacionada con la concesión.
Asimismo, la entidad privada involucrada será notificada y deberá cesar todas las actividades relacionadas con el contrato en un plazo determinado, bajo pena de sanciones establecidas por la legislación vigente. La empresa beneficiaria deberá restituir al Estado todos los recursos obtenidos de manera ilícita o indebida.
El proyecto también prevé la creación de un registro público de condenas por corrupción de funcionarios, accesible para la ciudadanía y las entidades encargadas de la contratación pública. Además, estipula que en caso de anulación de un contrato de concesión por corrupción, la empresa contratista no podrá reclamar ningún derecho o compensación relacionada con el contrato anulado.
Dávila fundamenta su propuesta en los casos de corrupción revelados en los últimos años, que han afectado sectores como la construcción de infraestructuras, la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios públicos. En sus palabras, «la corrupción es un flagelo que afecta gravemente el desarrollo y la estabilidad de nuestro país», y su combate es esencial para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y prevenir la impunidad y el enriquecimiento ilícito.
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