La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó una denuncia contra la congresista Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso – APP) por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
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La acusación ante la Fiscalía de la Nación es a las horas del reportaje de Punto Final, en donde se conoció que la legisladora habría obligado a sus trabajadores y extrabajadores de despacho a entregar parte de su sueldo a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.
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Según el mencionado dominical, Cecilia Salazar Mattos, exasesora de la parlamentaria desde julio de 2021 hasta agosto del año pasado, hizo en total una transferencia de S/ 24 562 a las cuentas del familiar de Rosío Torres.
En esa línea, Abigail García Díaz, quien se desempeñó como auxiliar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante la administración de la legisladora, también realizó una transferencia de S/ 2 000.
A ellos se suman César Macedo Von Bancels, asistente del despacho de Torres Salinas, quien transfiere S/ 1 000 mensuales a Pérez Guerra; y Estefanía Calvo Zúñiga, quien registra un depósito por S/ 2 000.
Otra trabajadora de la congresista, cuyo nombre está en reserva, le entregó al programa un comprobante de la transferencia que hizo a la cuenta de Juan Daniel Pérez Guerra por S/ 6 850. Además, reveló que la parlamentaria y su sobrino obligaban a que la “colaboración” sea de hasta un tercio del salario del trabajador, y que el monto se duplica en meses en los que el Congreso les paga gratificaciones y bono de escolaridad.
Frente a estos indicios de corrupción, el procurador General de la República, Daniel Soria Luján, formuló la denuncia contra la parlamentaria y a su vez, solicita investigación preliminar a la Fiscalía de la Nación.
De acuerdo, a la PGE, la también esposa del excongresista de APP, Fernando Meléndez; incurrió en el artículo 382 del Código Penal, siendo esto causal para la apertura de una investigación en su contra.
Nuevo escándalo en el partido
En lo que va de gestión del presente Congreso ya son tres legisladores de APP con denuncias muy graves. El primero fue el recientemente desaforado Freddy Díaz, preso en el penal de Lurigancho por abusar sexualmente de una extrabajadora suya en su oficina. En marzo pasado fue Magaly Ruiz, sindicada por cobrar parte del sueldo de sus trabajadores de despacho y ahora Rosío Torres por el mismo caso.
