El Ministerio Público informó que la Décima Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao obtuvo 14 meses de prisión preventiva contra Edwin Larry Julca Becerra, inspector de Migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según las investigaciones preliminares, el funcionario habría alterado registros migratorios para facilitar el ingreso y salida irregular de ciudadanos extranjeros a través de las fronteras peruanas.
Una red de irregularidades
La fiscalía presentó evidencias que señalan que el 17 de mayo de 2024, Julca Becerra registró en el sistema migratorio del aeropuerto la supuesta llegada de cinco ciudadanos extranjeros. Sin embargo, no se hallaron pruebas de que estas personas hubieran pasado por el terminal aéreo, lo que apunta a una manipulación informática para dar apariencia de legalidad a su ingreso irregular al país.
El fiscal provincial Israel Alejandro Luna Ramírez explicó que el inspector enfrentará cargos por tráfico ilícito de migrantes agravado, atentado contra la integridad de datos informáticos, falsedad genérica y pertenencia a una banda criminal, delitos que atentan contra el Estado y la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Julca Becerra fue detenido el pasado 25 de noviembre en su puesto de trabajo en el módulo de Migraciones del aeropuerto. Durante el mismo operativo, las autoridades allanaron la vivienda que alquilaba en San Martín de Porres, donde se incautaron documentos y dispositivos electrónicos que serán evaluados como parte de la investigación.
Según la hipótesis fiscal, el inspector no actuaba solo. Presuntamente, otros servidores públicos estarían involucrados en esta red, encargada de modificar datos en el sistema migratorio a cambio de pagos irregulares, permitiendo el tránsito ilícito de extranjeros dentro del territorio peruano.
Este caso pone en evidencia vulnerabilidades en los controles migratorios del principal aeropuerto del país, generando preocupación en torno a la seguridad y transparencia del sistema. Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir la corrupción y reforzar los procedimientos internos para evitar que funcionarios actúen en perjuicio del Estado y la ciudadanía.
