La presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, presentaron el último miércoles un proyecto de ley al Congreso de la República que propone otorgar una pensión mensual de S/ 2 500 a cada uno de los comandos militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar llevado a cabo en 1997.
La propuesta establece que se deberá otorgar dicha «asignación especial mensual» a aquellos militares «por las acciones desplegadas en el rescate de las setenta y dos (72) personas» que fueron tomadas como rehenes por una columna terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón ese año.
El Ministerio de Defensa (Mindef) será el encargado de identificar a los beneficiarios, y el financiamiento del proyecto no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, ascendiendo el gasto total a S/ 2 815 200.
Fundamentos de la Propuesta
El Ejecutivo fundamenta la propuesta indicando que «los comandos militares que participaron en la Operación Militar Chavín de Huántar no tienen acceso a un reconocimiento económico, a diferencia de otro grupo humano que, por el valeroso servicio desplegado a la Nación en garantizar la integridad territorial, fueron beneficiados como Defensores de la Patria».
«De igual manera, los participantes (comandos militares) en la Operación Militar Chavín de Huántar pusieron en riesgo inminente sus vidas al rescatar a rehenes que fueron cautivos de un grupo terrorista, debilitando su accionar futuro y coadyuvando a la recuperación de la estabilidad de la seguridad nacional, contribuyendo con ello al crecimiento del país», señala el proyecto.
Adicionalmente, se menciona que muchos de los comandos militares han sido involucrados en procesos judiciales relacionados con su intervención en dicho operativo, teniendo que realizar gastos significativos para ejercer una adecuada defensa. Por ello, la propuesta también alcanzará «a quienes tengan procesos judiciales en curso, en observancia del derecho fundamental de presunción de inocencia, reconocido en el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú».
Asimismo, el proyecto aclara que la asignación especial será «excluyente de cualquier otro beneficio o ingreso económico relacionado al mismo objeto que se propone a favor de los citados comandos militares».
FOTO: AGENCIA ANDINA.
