Como parte de las acciones que impulsará el Ejecutivo para mitigar el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros al país, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció esta tarde que el Consejo de Ministro aprobó declarar en estado de emergencia las zonas fronterizas de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna.
En esa línea, mencionó que “esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras, con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población”.
Asimismo, sostuvo que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargará de mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Sobre a la presencia de los ciudadanos de otros países que ingresaron al Perú evadiendo el control migratorio, la mandataria anunció también la aprobación de un Decreto Supremo, el cual modifica el Reglamento de la Ley de Migraciones, a fin de que los foráneos indocumentados puedan registrarse, para ello se otorgará un plazo perentorio, vía resolución de la Superintendencia de Migraciones.

Del mismo modo, la jefa de Estado expuso que se aprobó la autógrafa de la ley que regulariza y actualiza la situación migratoria mediante la exoneración de multa.
“Esta medida promueve que las personas extranjeras regularicen su situación y actualicen sus datos ante la autoridad migratoria”, sostuvo Boluarte Zegarra.
Además, aclaró que esta medida será de aplicación únicamente a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos han devenido en irregular. El tiempo de la amnistía será por un periodo máximo de seis meses, sin posibilidad de ser ampliado.
Finalmente, en referencia al control de las fronteras con presencia militar, la presidenta mencionó que presentarán un proyecto de reforma constitucional, para que el personal de las Fuerzas Armadas pueda intervenir en las zonas de las fronteras. Dicha propuesta busca modificar el artículo 165 de la Carta Magna y para ello deberá ser aprobado en dos legislaturas por el Congreso de la República.










