Nueva denuncia formulada contra un integrante del Parlamento. El ciudadano José Benel Alvarado Rojas presente una denuncia de parte contra la legisladora Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.
La acusación fue formulada a la titular de la Subcomisión de Acusaciones del Congreso, Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso).
Archivo: Difusión
Cabe señalar que, ambas legisladoras mantuvieron relaciones muy tensas desde mediados del año pasado.
De acuerdo a los fundamentos de hecho presentados, el denunciante hace mención a un supuesto cobro indebido de una fracción del sueldo de los trabajadores de despacho de la también exministra de la Mujer en la gestión de Pedro Castillo.
En ese sentido, menciona el reportaje publicado por el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, en su edición del 10 de marzo del presente, en el cual se le acusa a Juárez Calle de presuntamente cobrar diezmos y “donaciones” mensuales a sus empleados, para realizar “labor social” en Piura.
Según el citado medio de comunicación, quien estaría a cargo del cobro ilícito del dinero sería su asesor principal, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, con quien mantendría una relación sentimental.
Sobre la acusación en particular, cuatro extrabajadores del despacho de la legisladora denunciaron que mensualmente les cobraban S/ 1 000 mensuales, los cuales eran entregados al asesor a través de un depósito bancario. Al ser consultado sobre este hecho, Chafloque Domínguez admitió la entrega de dinero, pero bajo el término de “préstamo” ya que, al no ser de Lima, “cuesta vivir en la capital”.
De igual forma, los denunciantes mencionaron el cobro de “donativos extraordinarios” para que la congresista pueda realizar “labores sociales” en la región de su procedencia.
Vale recordar que, Juárez Calle fue elegida parlamentaria por Alianza para el Progreso en 2021. Tras una serie de acusaciones en su contra al interior de la organización, el partido político la expulsó de sus filas en septiembre pasado.
En otro aspecto de la denuncia, José Benel Alvarado Rojas hace mención a la parte legal que facultaría la apertura de una investigación contra la parlamentaria. En tal sentido, menciona al artículo 99 de la Carta Magna, al artículo 89 del Reglamento del Congreso y al artículo 382 del Código Penal.
Sobre este último, se detalla que “si el servidor público obliga a una persona a dar o prometer un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a dos ni mayor a ocho años”. Además de, una inhabilitación y con una multa que oscila entre los 180 a 385 días.
Vale recordar que, el caso se encuentra en la Comisión de Ética, tras la aprobación del informe de calificación de la denuncia en cuestión.
Frente a ello, el denunciante solicita la apertura de una investigación preliminar contra la congresista de Podemos Perú “y que en su oportunidad sea sancionada de acuerdo a ley”, afirma su petitorio.
