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Poder Judicial aprueba solicitud de acceso a comunicaciones en teléfonos hallados en residencia de Alan García

El fallo del juez Leodan Cristobal Ayala, quien respaldó la petición del fiscal Pérez Gómez, permite la exploración exhaustiva de los dispositivos móviles incautados.

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El Poder Judicial ha dado un paso significativo en la investigación del caso Metro de Lima, al autorizar la apertura del secreto de las comunicaciones de dos teléfonos celulares incautados en la residencia del difunto expresidente Alan García. Esta medida, solicitada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, busca obtener información relevante en relación con la pesquisa que involucra al exministro aprista Luis Nava y otros, en lo concerniente a presuntas actividades ilícitas relacionadas con el caso Odebrecht.

El fallo del juez Leodan Cristobal Ayala, quien respaldó la petición del fiscal Pérez Gómez, permite la exploración exhaustiva de los dispositivos móviles incautados. Esta medida incluye la apertura, extracción, lectura, análisis y almacenamiento de correos electrónicos y otras formas de comunicaciones almacenadas en los teléfonos.

Se ha enfatizado que esta acción no busca obtener información penal sobre el fallecido exmandatario o sus herederos, sino más bien indagar en las comunicaciones mantenidas por García con otros sujetos investigados en vida. Esto, según el juez Ayala, justifica la legitimidad de la solicitud de intervención de los dispositivos incautados.

La resolución emitida por el Poder Judicial el pasado 11 de marzo destaca la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, en la búsqueda de elementos que puedan contribuir a esclarecer los hechos relacionados con el presunto lavado de activos a través de empresas vinculadas a Odebrecht y a Faresh Miguel Ayala Herrera.

Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de controversia. La defensa legal de los herederos de Alan García objetó la solicitud fiscal, argumentando que era contraria al marco normativo y que, en última instancia, buscaba levantar el secreto de las comunicaciones de una persona fallecida. Se planteó que no existían suficientes elementos que vincularan al exjefe de Estado con actividades ilícitas y que la solicitud fiscal carecía de precisión en cuanto a qué información específica se buscaba obtener.

Ahora, con la autorización judicial en mano, el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato podrá avanzar en la revisión de las comunicaciones resguardadas en los dispositivos incautados. 

FOTO: ANDINA

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