El expresidente Pedro Castillo seguirá cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate, tras la decisión del Poder Judicial (PJ) de rechazar un nuevo pedido de su defensa para poner fin a la medida impuesta por el caso del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró infundado el recurso de la defensa del exmandatario, que buscaba que Castillo continúe el proceso en libertad bajo comparecencia simple. Según el magistrado, aún subsisten los motivos que sustentaron la prisión preventiva inicial de 18 meses y su ampliación por otros 18 meses, entre ellos el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia.
En la resolución emitida el 26 de agosto, Checkley recordó que Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México, lo que evidencia un riesgo procesal. Además, descartó que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional —que suspendió las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato— tenga algún efecto sobre la medida contra el exmandatario.
El juez precisó que la prisión preventiva contra Pedro Castillo se dictó luego de que el Congreso levantara el antejuicio político en su contra, cumpliéndose con lo estipulado por la Constitución. Por ello, siguen vigentes los elementos de convicción que lo vinculan con los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Cabe señalar que, además de este proceso, Castillo cumple otra orden de prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, relacionados con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
