El Poder Judicial ha extendido por 18 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, en relación con el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
“El fallo, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, declara fundado el requerimiento de la Fiscalía; en consecuencia, revoca la resolución dictada en primera instancia que amplió la medida coercitiva para el exmandatario por 14 meses”, informó la entidad en la red social X (antes Twitter).
Fundamentos de la decisión
La sentencia, presidida por el juez supremo César San Martín, consideró varios factores para justificar la extensión de la prisión preventiva, incluyendo el riesgo de fuga de Castillo, la proporcionalidad de la gravedad del hecho y la complejidad del caso.
“La defensa del encausado Castillo Terrones planteó que el juez introdujo argumentos nuevos y otros hechos supliendo la postulación del fiscal. Tal planteamiento no es de recibo. Lo esencial para establecer la congruencia entre la solicitud de la parte y la resolución del juez es la comparación entre la pretensión y la parte resolutiva de la resolución. El juez no introdujo hechos nuevos o distintos. El fiscal fijó su pretensión (causa de pedir y petición) de modo claro y a ella se ha referido el juez”, señala la resolución, según informó RPP.
Contexto del caso
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, entonces presidente de la República, anunció desde Palacio de Gobierno el cierre temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, la convocatoria a elecciones para un nuevo Legislativo y la reorganización del sistema nacional de justicia. Estas acciones fueron percibidas como un intento de golpe de Estado y desencadenaron una rápida respuesta de las instituciones del país.
Actualmente, Castillo cumple una prisión preventiva de 36 meses en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, por los casos Petroperú, Puente Tarata y Anguía. El exmandatario está siendo investigado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Implicaciones futuras
La prolongación de la prisión preventiva subraya la seriedad con la que las autoridades judiciales están manejando este caso, que ha tenido un impacto significativo en la política peruana. La decisión refleja también la determinación de las instituciones judiciales de abordar con firmeza los intentos de subvertir el orden democrático.
Mientras tanto, el país continúa observando de cerca el desarrollo de este caso, que sigue siendo un tema central en la agenda política y judicial del Perú.
FOTO: AGENCIA ANDINA.
