El último jueves, 6 de junio, se llevó a cabo la audiencia de evaluación de la solicitud de 18 meses de prisión preventiva formulada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra Pedro Castillo. En una resolución emitida el viernes 7, a la que tuvo acceso RPP, el juez Juan Carlos Checkley declaró fundado en parte el pedido, ampliando el mandato por 14 meses.
El magistrado determinó que el periodo solicitado por la fiscal adjunta suprema Galinka Meza no era proporcional. Considerando lo pendiente de la etapa intermedia, el tiempo necesario para un posible juicio oral, y el número de acusados (ocho en total), el plazo establecido fue de 14 meses. Esta medida se computará del 7 de junio de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025.
La medida original, impuesta en diciembre de 2022, venció el jueves 6 de junio. No obstante, sobre el exmandatario también pesa una segunda orden de prisión preventiva por 36 meses en el proceso por presuntos delitos de organización criminal y corrupción relacionados con los casos Puente Tarata, PetroPerú y Anguía.
En su decisión, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria señaló que existe un peligro de fuga por parte del expresidente si se determina una medida distinta a la prisión preventiva. Esta apreciación se basa en la posibilidad de que el Gobierno mexicano le otorgue asilo, evidenciado por la visita de un diplomático a la sede de la Diroes y el ofrecimiento del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Además del delito de rebelión, el Ministerio Público acusa a Castillo de los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad. Desde diciembre de 2022, Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.
El Ministerio Público argumentó la existencia de un peligro de fuga debido a que la familia de Castillo se encuentra asilada en México. Asimismo, señalaron que no cuenta con arraigo laboral y ha obstruido la justicia en las investigaciones en curso. En respuesta, el abogado Luis Medrano Girón, defensor de Castillo, solicitó que se rechace la ampliación y sugirió reemplazar la prisión preventiva por comparecencia con restricciones.
“Juro por mi patria, por mi familia, por los maestros del Perú y por este pueblo sufrido, jamás se me ha cruzado por la cabeza irme. Estoy demostrando que todas las imputaciones solamente corresponden a un libreto. ¿En qué momento he obstaculizado la etapa de investigación? En ningún momento”, aseguró Castillo, defendiendo su postura y negando cualquier intención de fuga.
