La Procuraduría General del Estado (PGE) denunció ante la Fiscalía de la Nación al congresista de Acción Popular, José Arriola Tueros por el delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
La acusación ante el Ministerio Público es a raíz del reportaje de Cuarto Poder, en donde se conoció que el legislador habría recortado una fracción del sueldo de sus trabajadores bajo la modalidad de “declaración jurada”.
De acuerdo al citado dominical, quien entregaba S/1 323 00 de sus honorarios es Carlos Franco Valenzuela Abanto, un miembro de su despacho que labora como técnico.
La entrega “voluntaria” sería para acciones sociales en favor de personas en condición vulnerable (pobreza extrema).
Además, Mario García Quispe, Fernando Portal Obregón, Óscar Terán Chinguel y Carmelo Zaira Rojas, también estarían dando “aportes” a las supuestas “ayudas sociales” del cuestionado parlamentario.
Cabe señalar que, el legislador se encuentra actualmente investigado por no justificar una fuerte cantidad de dinero que encontró la Fiscalía en su casa y por sus supuestos vínculos con el expresidente Pedro Castillo.
Frente a estos indicios de corrupción, el procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, formuló la denuncia contra el parlamentario y a su vez, solicita investigación preliminar a la a la fiscal de la nación, Patricia Benavides.
De acuerdo, a la PGE, Arriola Tueros incurrió en el artículo 394 del Código Penal, siendo esto causal para la apertura de una investigación en su contra y también, alternativamente, el artículo 382.
Más ‘cobra cupos’ en el Parlamento
A la denuncia presentada contra José Arriola, también se le suman por el mismo caso a las legisladoras Magaly Ruiz, Heidy Juárez, Rosío Torres, Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay.
