Perú registró una fuerte caída en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, al pasar de 38 puntos en 2020 a 30 puntos en 2025, según el reporte más reciente difundido este martes. Con este resultado, el país se ubica en el puesto 130 de 182 naciones evaluadas, y en Sudamérica solo supera a Bolivia, Paraguay y Venezuela.
El IPC mide la corrupción percibida en el sector público a partir de 13 fuentes de datos independientes, y se expresa en una escala de 0 a 100, donde un puntaje más alto implica menor percepción de corrupción.
Un deterioro que también golpea a otras democracias
El informe advierte que la tendencia no es exclusiva del Perú: a nivel mundial, dos tercios de los países evaluados obtienen menos de 50 puntos, lo que refleja un problema extendido en el control de la corrupción.
En el continente americano, Proética —capítulo peruano de Transparencia Internacional— señala que el promedio regional es de 42 puntos y que varios países han registrado retrocesos en los últimos años.
“Menos espacio cívico, más corrupción”: la alerta de Proética
Para José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, uno de los mensajes centrales del reporte es la relación entre corrupción y debilitamiento democrático: cuando se restringe el acceso a la información, se limita el trabajo de ONG y se hostiga a la prensa independiente, la capacidad ciudadana de vigilancia se reduce y el poder político rinde menos cuentas.
El reporte también apunta a que el avance del crimen organizado y su influencia sobre redes políticas y económicas se ve favorecido por la corrupción, con impactos directos en derechos, seguridad y calidad de los servicios públicos.
Impacto directo en la vida diaria
Más allá del ranking, el deterioro en la percepción de corrupción suele traducirse en problemas concretos: menor confianza en las instituciones, dificultades para fiscalizar el uso de recursos públicos y mayores riesgos de captura institucional. Proética subraya la urgencia de una hoja de ruta que apunte a frenar la impunidad y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas
