El Gobierno declaró por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de reforzar las acciones contra el crimen organizado y otras situaciones de violencia que afectan el orden interno.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán determinadas a partir de información de inteligencia, mapas del delito, estadísticas e indicadores.
Crearán comando para coordinar operativos
La norma dispone la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la PNP.
Este grupo tendrá como función articular las acciones de las instituciones involucradas y establecer objetivos y metas para enfrentar la criminalidad en Lima y Callao.
También se conformarán comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación de distintas entidades del Estado.
Patrullaje y operativos en zonas críticas
Durante la vigencia del estado de emergencia, la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal ejecutarán acciones de control territorial, patrullaje permanente, rastrillajes y operativos de control de identidad en las zonas consideradas críticas.
Asimismo, se intensificarán las intervenciones contra armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos.
La estrategia contempla además operativos contra mercados ilegales vinculados con drogas, armas, autopartes, tarjetas SIM y equipos celulares de dudosa procedencia.
Uso de drones y videovigilancia
El decreto también establece el fortalecimiento de la inteligencia policial, penitenciaria y financiera mediante la integración de información y el uso de herramientas tecnológicas.
Entre estas figuran la videovigilancia, los drones y las imágenes satelitales, que serán utilizadas para mejorar la precisión de las intervenciones.
También se reforzará el control en los establecimientos penitenciarios para combatir las comunicaciones ilícitas desde las cárceles.
La norma contempla, además, acciones destinadas a agilizar la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial en casos vinculados con la criminalidad.
Restricción de derechos constitucionales
Durante los 60 días de estado de emergencia se restringirá o suspenderá, en los términos establecidos por la Constitución, el ejercicio de determinados derechos constitucionales.
Estos comprenden la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Asimismo, se intensificará la difusión del sistema de recompensas para promover la colaboración ciudadana en la identificación y captura de requisitoriados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
