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Pedro Castillo desestima acusaciones y denuncia «cortina de humo» para ocultar irregularidades del Gobierno actual

El expresidente alega que la solicitud fiscal de 34 años de prisión por el intento de golpe de Estado es una distracción para encubrir denuncias contra la administración actual.

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En una audiencia virtual ante el Poder Judicial, el expresidente Pedro Castillo arremetió contra la acusación de la Fiscalía que busca 34 años de prisión por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Calificando la medida como una «cortina de humo», Castillo alega que se trata de un intento por desviar la atención de las denuncias más recientes contra el Gobierno en funciones.

Durante la sesión, el exmandatario solicitó al juez supremo Juan Carlos Checkley la anulación de la acusación fiscal, instando al Ministerio Público a reabrir la investigación preparatoria. Castillo argumentó que esto permitiría llevar a cabo las diligencias pendientes solicitadas por su defensa antes del 11 de abril de 2024.

En medio de sus declaraciones, Castillo no escatimó críticas hacia la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, acusándolos de utilizar la acusación como una cortina de humo para encubrir presuntas irregularidades en la gestión actual.

“Para tapar estos casos que viene haciendo el Gobierno de administrarle vacunas vencidas a nuestro pueblo peruano; para tapar los casos de la venta de armamentos de municiones a bandas criminales de Ecuador… Yo veo que es una cortina de humo [sic]”, señaló el exmandatario.

Además, Castillo volvió a cuestionar la actuación de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por iniciar la investigación en su contra. «Lo que ha habido acá es un apuro, toda vez que hay una persona responsable que inició una investigación a un presidente; y que la misma Junta Nacional de Justicia le ha bajado el dedo…”, apuntó.

La decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley sobre la solicitud de Castillo se espera dentro del plazo legal, mientras que una tutela de derechos presentada por el expresidente, cuestionando la legalidad de su detención tras el intento de golpe de Estado, también queda a la espera de resolución. El caso sigue generando tensiones y expectativas en el panorama político peruano.

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