El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) sigue ganando terreno como una vía efectiva para reducir las brechas de infraestructura y servicios públicos en Perú. Desde colegios y hospitales hasta sistemas de agua potable y electrificación rural, esta modalidad permite que las empresas privadas financien directamente proyectos priorizados por el Estado. A cambio, las empresas reciben Certificados de Inversión Pública (CIPRL o CIPGN), con los que pueden compensar impuestos o negociarlos en el mercado.
En este escenario, los fideicomisos de titulización emergen como herramientas clave para mejorar la eficiencia, control y seguridad de los proyectos bajo el esquema OxI. Según explica Laura Navarro, gerente general de Grupo Coril Sociedad Titulizadora, esta figura financiera ofrece ventajas significativas para las compañías privadas que participan en estas iniciativas.
Una de las principales ventajas es la aplicación tributaria programada. Los certificados entregados pueden cubrir hasta el 80% del Impuesto a la Renta del titular, así como aplicarse a tributos como el Impuesto Selectivo al Consumo, el Impuesto Especial a la Minería o el Impuesto Temporal a los Activos Netos. Además de ser fraccionables y negociables, estos certificados tienen una vigencia de hasta diez años, lo que permite una planificación fiscal a mediano plazo.
Otra característica destacada es que se convierten en una alternativa de liquidez inmediata. Las empresas pueden vender estos certificados en el mercado a un valor descontado, lo que permite recuperar parte del capital invertido de forma anticipada, sin comprometer el desarrollo del proyecto.
El fideicomiso también aporta al control y uso eficiente de los recursos. Los fondos se liberan conforme al avance físico de la obra, previa validación por un supervisor de obra y un controller financiero. Esto asegura que el presupuesto sea utilizado de forma adecuada y conforme a cronogramas establecidos.
Además, el uso de un patrimonio autónomo permite reducir la exposición operativa, ya que los recursos están separados de los activos generales de la empresa, lo cual protege frente a posibles contingencias o conflictos de interés entre las partes involucradas.
La administración de estos procesos no recae en las empresas participantes, sino en entidades fiduciarias reguladas como Grupo Coril Sociedad Titulizadora, que se encargan de estructurar el fideicomiso, administrar los certificados y coordinar su colocación en el mercado. Esto asegura un manejo especializado y conforme a la normativa vigente, lo cual representa un beneficio adicional para las compañías.
Con esta estructura, los fideicomisos de titulización permiten a las empresas invertir en proyectos de alto impacto social con un esquema financiero robusto y flexible. Es una forma en que el sector privado puede colaborar directamente en el cierre de brechas sociales, mientras obtiene retornos claros tanto en eficiencia tributaria como en reputación corporativa.
Este modelo demuestra que la colaboración entre el sector público y el privado puede llevarse a cabo bajo esquemas modernos, transparentes y sostenibles. Tan importante como invertir es saber cómo hacerlo, y este mecanismo financiero es una de las formas más eficientes disponibles hoy en el país.
